INFORME ESPECIAL

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Tecnología | Debate de privatización y Millicom agitaron sector

Gran explosión del mercado de las telecomunicaciones

Para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) los últimos diez años han significado una gran metamorfosis, debido al explosivo desarrollo de las telecomunicaciones en el país.

Pero eso ocurrió tras vivir, en el primer trimestre de 1995, la polémica sobre su posible privatización y la posposición de sus proyectos, así como la discusión sobre la presencia de la compañía estadounidense Millicom. Este fue el primer round de los conflictos que se producirían en el 2000 y el 2003, así como de los problemas actuales.

En 1995 había más gente que bailaba La Macarena que la que tenía celulares: apenas habían 7.000 líneas. Según Teófilo de la Torre, expresidente ejecutivo del ICE, dos terceras partes de las inversiones y los ingresos de ese ente estaban concentradas en el sector de energía. “La demanda de telecomunicaciones estaba reprimida”, dijo De la Torre.

Hoy la situación es distinta: hay casi un millón de líneas celulares y según Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) una cantidad similar de usuarios de Internet. El ICE estima que en el 2005 recibirá ¢334.379 millones de ingresos en telefonía residencial y comercial, celulares, conexiones empresariales y de Internet, de acuerdo con una indicación de Pablo Cob, actual presidente ejecutivo del ICE, a la Contraloría General de la República en agosto anterior.

La explosión tecnológica también alcanza a otros sectores. Ese es el caso del Programa de Educación Informática a cargo de la Fundación Omar Dengo (FOD). En 1995 había 160 laboratorios de computación en las escuelas. Actualmente, se atienden 559 escuelas y 196 colegios, abarcando una población de 434.642 estudiantes.

Además, en 1995 Sony anunció el lanzamiento de un nuevo VHS. Casi diez años más tarde, el mercado de electrodoméstivos vive la revolución del DVD.

Preámbulo al “Combo”

Los acontecimientos de los primeros tres meses de 1995, durante el gobierno de José María Figueres, anticiparon las protestas contra los proyectos de ley de la administración de Miguel Angel Rodríguez cinco años más tarde.

También anticiparon el estira y encoge del ICE y el gobierno de Abel Pachecho, a mediados del 2003, acerca de la magnitud del ajuste presupuestario.

De hecho, el 8 de febrero de 1995 el Gobierno anunció una serie de recortes por ¢32.000 millones para enfrentar el déficit fiscal, ajuste que duplicó a finales de marzo.

El ICE se vio obligado a realizar un recorte por ¢5.540 millones y a posponer todos las inversiones, por ¢90.000 millones, para telefonía fija, celular y sistemas de comunicación internacional vía satélite. “Esa situación la vive el ICE desde la crisis de los 80”, aseguró De la Torre.

También quedó pospuesta la meta de pasar de 531.000 líneas telefónicas fijas en 1995 a 975.000 en 1998. Asimismo, quedó en espera la meta de lograr 100.000 líneas de celulares.

En medio de los vaivenes presupuestarios, se empieza a discutir la venta de las plantas hidroeléctricas o del sector de telecomunicaciones a alguna empresa extranjera. Los dineros de esa venta serían abonados al déficit público.

Sin embargo, una consulta de Unimer reveló que 78% de los encuestados se oponía a esas ventas. Simultáneamente varios expertos sobre privatizaciones descalifican esa opción.

El Gobierno rechaza la privatización del ICE y de otras instituciones como la Refinadora Costarricense de Petróleo y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados para atender el déficit público.

No obstante, al ICE se le señalan problemas en su esquema de precios: las tarifas no reflejan los costos, hay subvenciones entre servicios y problemas de calidad, al tiempo que se advierte sobre el aumento de la demanda.

Varias de estas situaciones aún persisten, de acuerdo con declaraciones reiteradas de Roger Echeverría, exsubgerente de telecomunicaciones del ICE.

Millicom

Al tiempo que se establecía ese impasse, la administración de Figueres debió atender un incendio más urgente.

El Gobierno de Estados Unidos presionó para llegar a un acuerdo con Millicom. A esa empresa le quedaba menos de cinco meses del plazo otorgado por un fallo de la Sala Constitutional de 1993 que declaraba su operación como ilegal.

Millicom había iniciado operaciones en 1988 y ante la resolución judicial quería que Racsa arrendara su sistema de celulares, pero manteniendo su administración. Mas dos resoluciones de la Contraloría y de la Procuraduría lo impidieron.

Millicom recurrió a las cortes estadounidenses. Allí los jueces consideraron que el asunto no era de su juridicción legal y que era de competencia de la justicia costarricense. Eso sepultó el problema definitivamente.

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