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El contrato por los remolcadores suma US$6 millones, incluida la compra.
Albert Marin/para El Financiero/archivo

Puertos | Pese a que Contraloría negó refrendos

Incop insiste en sacar adelante concesiones


Alejandro Vargas Johansson

Concesionarios coinciden con la posición institucional

El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) intentará sacar adelante, a partir de esta semana, los tres contratos a los que la Contraloría General de la República (CGR) negó los refrendos, requisito fundamental para continuar el proceso de concesión.

Como primer paso, Enrique Montealegre, presidente del Incop, dijo que presentarán un recurso de revisión ante la CGR. “Si nos lo rechazan seguiremos negociando y viendo para ver si podemos rescatarlos”, insistió el funcionario.

La posición institucional coincide con la del Consorcio Portuario Caldera I y II -ganador de las dos primeras licitaciones- así como Sudamericana Agencia Aéreas y Marítimas S.A (SAAM), ganadora de la licitación de remolcadores.

La CGR encontró 126 objeciones en los tres contratos que pretenden dar por 20 años a esas firmas la construcción de una terminal para almacenar granos, la administración de la terminal principal y el manejo de los remolcadores.

Entre ellas, la falta de coincidencia entre el cartel de licitación y contrato.

Carlos Arrea, abogado del consorcio, y Laura Rivera, abogada de SAAM, dijeron que los socios apoyan la idea de continuar con las gestiones administrativas.

Sin embargo, el contralor Alex Solís dejó entrever que por la magnitud de las fallas, los contratos no son “salvables”.

Rafael Carrillo, presidente de la Cámara de Importadores de Graneles, dijo que si el Incop reinicia el proceso hay que considerar a los usuarios y a los casi 1.000 empleados que esperan su indemnización.

Bajo el lente contralor

Entre las objeciones que hizo a la Contraloría a los tres contratos portuarios, destacan:

Falta de coincidencia entre el cartel y el contrato.

El diseño de las tarifas portuarias deben hacerse con base a los mecanismos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y no del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop).

Aparece un pago anual de US$75.000 al concesionario por el dragado.

Se varió el lugar de la construcción de la terminal granelera.

El edificio del Incop se daría en concesión, situación que carece del marco legal ya que la ley de contratación administrativa solo permite dar obras nuevas pero no las existentes.

Hay indefinición de conceptos básicos.

La figura de “compensación” no aplica para algunos puntos de los contratos que daría en concesión la gestión portuaria de la terminal principal y la terminal granelera ya que está en contradicción con la ley de presupuestos públicos.

Tampoco cabe la figura de “permiso de uso” para explotar bienes existentes.

Fuente: Alex Solís, contralor.


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