ECONOMÍA

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Aeropuerto | Ante críticas por actuación del Cetac

Procuraduría lideraría arbitraje con Alterra

La Procuraduría General de la República (PGR) asumiría, en lugar del Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac), la defensa del Estado en el arbitraje privado que sostiene desde hace meses con la gestora del Aeropuerto Juan Santamaría, Alterra Partners.

El cambio ocurre luego de los señalamientos de la Contraloría General de la República (CGR), de la exfiscalizadoza del aeropuerto Jill Jamieson y algunos diputados de oposición presentados ante el Presidente de la República, Abel Pacheco, sobre la actuación del Cetac, adscrito al Ministerio de Obras Públicas.

Esta semana, la vicepresidenta Lineth Saborío y la procuradora Ana Lorena Brenes -a petición del mandatario- presentará un proyecto de acuerdo ejecutivo para que la Procuraduría represente al Estado en los procesos de arbitraje.

Las partes difieren sobre los montos de los gastos de desarrollo (costos en que habría incurrido la empresa en los primeros pasos del proceso) que podrían transferirse a las tarifas que pagan pasajeros y aerolíneas, entre otros temas.

Cambio de mando

"Coordinamos para que el Ejecutivo nos delegue la representación. Garantizo que la Procuraduría hará todo el esfuerzo necesario para llegar a buen término en los procesos", dijo Brenes.

Roberto Arguedas, presidente del Cetac y viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, negó referirse a la críticas hechas por distintas instancias a la actuación de la entidad. Solo respondió que el Cetac no está aislado del Estado.

Mientras la CGR señaló atrasos del Cetac en el cumplimiento de varios de sus mandatos, la exfiscalizadora Jamieson pidió días atrás al Poder Ejecutivo investigar los gastos de desarrollo, tal como informó este semanario en su edición N. 485.

Rodrigo Alberto Carazo, diputado del Partido Acción Ciudadana, quien junto al liberacionista José Miguel Corrales cuestionan el arbitraje, dijo que siente “un poquito más de confianza” bajo el liderazgo de la Procuraduría, pero insistió en que el proceso de arbitraje no procede para discutir tarifas, como pretenden las partes.

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