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Domingo 31 de octubre, 2004 | |
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Legislación | Pago a parte de los 99.000 empleados públicos en Nicaragua Ley de Servicio Civil costará US$99 millones en Nicaragua Gustavo Álvarez Rodríguez Corresponsal en Nicaragua FMI recomendó gradualidad en aplicación de Ley de Servicio Civil en Nicaragua A cuenta gotas. Esta es la forma que decidió el Gobierno de Nicaragua para pagar los más de US$99 millones de reajuste salarial, que implicará la entrada en vigencia de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. El costo se debe a que esta ley (en vigencia desde junio) obliga a realizar un reordenamiento salarial a una parte de los 90.000 empleados del Estado. Esto significa cerca de US$99 millones que se aplicarían al Presupuesto de la República del 2005, monto que el Gobierno considera demasiado alto. Ovidio Reyes, director de Asuntos Económicos y Fiscales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), aseguró a El Financiero que para el presupuesto del 2005 se tomaron en cuenta 18 instituciones estatales para llevar a cabo una reclasificación de cargos y con base en ello, se harán los reajustes salariales. “Los costos son altos. Lo que estamos haciendo es un reordenamiento en el sector público y destinamos a estas 18 instituciones más de US$1 millón que no afectará las finanzas e iremos gradualmente”, dijo Reyes en referencia al proyecto presupuestario del 2005. El funcionario de Hacienda consideró que al ritmo que irán implementando los incrementos salariales, durarán entre 10 y 15 años en completar el monto total. Enfatizó que se llevará a cabo un ordenamiento para equiparar salarios diferentes de empleados estatales con la misma responsabilidad laboral. Reyes comparó los costos de implementar de una vez la Ley de Servicio Civil (Ley 476), con lo que cuesta poner en marcha un nuevo modelo de pensiones, un proyecto que por esa razón no se pudo llevar a la práctica. FMI recomendó gradualidad La Ley 476, que impide los despidos de empleados estatales con los cambios de gobierno, se mantuvo como proyecto desde la administración de Violeta Barrios y tampoco fue aprobado por el gobierno Arnoldo Alemán. El FMI presionó para que se aprobara en la administración actual, lo que se logró en noviembre del año pasado. Sin embargo, una vez aprobada, el mismo organismo recomendó que no se aplicara de una vez, por los altos costos presupuestarios que esto significaba, lo cual podría provocar presiones inflacionarias. El diputado sandinista, Bayardo Arce, criticó las presiones que hizo el FMI para la aprobación de la ley cuando después iban a recomendar gradualidad. “Quiere decir que el FMI nos está imponiendo cosas que no saben”, expresó. El presupuesto proyecta gastos de más de US$977 millones e ingresos cercanos a los US$822 millones. |
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