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Cuestionan posible prestación mixta de servicios en la CCSS

La Contraloría General de la República alertó sobre la posibilidad de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) evolucione hacia un sistema mixto de prestación de servicios, debido a las crecientes compras a proveedores privados, ante lo cual esa institución no podría garantizar el éxito del modelo.

El contralor Alex Solís señaló que la tendencia además podría reñir con el artículo 73 de la Constitución Política, que establece la obligatoriedad de un sistema público de salud, suministrado por el Estado.

De acuerdo a un informe de la Contraloría, de 1998 al 2000 la CCSS invirtó ¢4.000 millones en compras de servicios de radioterapia, oftalmología y albergue, sin contar con mecanismos de control para asegurar su eficiacia. También, habría realizado las compras a pesar de deficiencias e irregularidades en la planeación, ejecución y evaluación de estos servicios.

Entre las irregularidades están la generalizada extensión de los plazos (previamente definidos) de las compras a terceros, bajo el argumento de que aun la institución es incapaz de proveer los servicios por sí misma, una vez finalizado el periodo de compras. El documento no contiene indicios de intencionalidad por parte de las autoridades de la CCSS ante estos desórdenes, ni detalla el porcentaje invertido en cada uno de los servicios contratados, ni la cantidad que representaron las compras en el presupuesto de la CCSS.

La advertencia del ente contralor se basa en la integración de los resultados de varios estudios anteriores sobre las compras de la CCSS al Centro Médico de Radioterapia Irazú, a la fundación Fusosvi y al Albergue BB y S (Bienestar y Beneficio en Salud) S.A.

Se plantean más investigaciones sobre otras compras por ¢12.000 millones, realizadas a cuatro cooperativas de salud y a la Universidad de Costa Rica.

Por otra parte, la Contraloría anunció más auditorías sobre procesos de contratación administrativa en instituciones públicas, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), semejantes a la que ya realiza en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

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