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Corporación Fischel opuesta a embargo de Procuradoría
27 Octubre 2004, 06:10 PM

La Corporación Fischel presentó su descargo por la solicitud que hizo la Procuradoría ante el Ministerio Público de embargo de bienes y la acción civil resarcitoria, y alegó que la intermediación entre la empresa finlandesa Medko Medical LTD y la Caja Costarricense de Seguro Social la hizo una empresa que no pertenece al grupo.

Además, Henry Vega, abogado de la Fischel, expresó que la solicitud (presentada el lunes anterior) fue remitida al juez penal sin que antes se concediera una audiencia, sin embargo la resolución que se tome puede ser apelada.

El argumento de la corporación es que la compañía que medió para el contrato entre la CCSS y Medko fue O. Fischel & Cía. S. A., la cual no forma parte del conglomerado. El nombre de la subsidiaria que sí es parte de Corporación Fischel es O. Fischel R. y Compañía, Sociedad Anónima.

Alfredo Brenes, gerente general de la corporación, consideró que las medidas son “drásticas y deberían ser mejor pensadas”, pues crea incertidumbre en clientes y proveedores sobre la situación real de la empresa.

Vega reconoció que aunque el dinero habría sido recibido por una compañía ajena, sí tuvo que haber entrado a las cuentas del grupo, el cuál tenía un contrato que amparaba el negocio con la compañía finlandesa. Según el jurista el presidente ejecutivo de Fischel, Walter Reiche, destinó los recursos a cuentas de empresas que no estaban ligadas con la corporación.

De acuerdo con Vega, la única empresa del conglomerado que tiene relación con la firma finlandesa es Oscol S.A., mediante un contrato para desalmacenaje, instalación y capacitación de equipos. El contrato es por US$1.060.000.

Brenes aseguró que Fischel “mantiene una situación financiera estable”, y que se aplica un recorte de gastos que ha generado ahorros por ¢700 millones. Según él, en caso de dictaminarse el embargo, las compañía tiene mecanismos para seguir operando, aunque no detalló cuáles.

El pasado martes 26 de octubre la Corporación presentó a la Superintendencia General de Valores (Sugeval) los estados financieros del año fiscal 2002-2003 tras varios meses de atrasos. En esos informes se reportaron pérdidas por ¢378,5 millones y los auditores argumentaron que varios de los gastos administrativos no estaban documentados, especialmente los relacionados con honorarios pagados a empresas vinculadas con Reiche y el presidente de la juntadirectiva Emilio Bruce.

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