ECONOMÍA

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Hacienda | Reto: que gasto social no debilite recursos para pago de deuda interna

Disciplina fiscal ante prueba crucial

Gobierno más atado a plan tributario para controlar efervescencia social y política

Más que antes, el Gobierno requiere que la reforma fiscal fructifique en la Asamblea Legislativa con el fin de que un 42% de los recursos frescos que generará se destinen a gasto social y a un aumento salarial mayor al 2% previsto en el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República.

De no aprobarse el paquete tributario, cuyo envío al plenario se daría esta semana, la administración Pacheco de la Espriella queda expuesta a nuevas presiones sindicales, similares a las de las últimas semanas y ante las cuales cedió, a diferencia de que se ejecutarían en pleno año pre-electoral.

Al mismo tiempo, la disciplina fiscal enfrenta la prueba más importante.

Tras la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Dent, y la salida del coordinador del equipo económico, Ronulfo Jiménez, es fundamental la firmeza de un nuevo ministro, quien debe mantener una similar orientación a la que Dent demostró en los 13 meses que estuvo en el cargo (véase recuadro: “En un año y un mes”).

Pero, aún más, deberá ser una persona con suficiente influencia sobre el presidente Pacheco para que sea posible que no más del 42% de los recursos del plan fiscal tengan otro fin que no sea reducir deuda interna.

Además, solo eso parece que garantizaría la presencia de Francisco de Paula Gutiérrez al frente del Banco Central.

40% para gasto social

Originalmente, el objetivo de la reforma tributaria, que tiene dos años en el Congreso y que se espera genere ¢230.000 millones, era orientarla a reducir parte de la deuda interna, que alcanza los ¢3.020.350 millones

Hace un mes, el ministro Dent, en acuerdo con el presidente Pacheco, el diputado Mario Redondo y el presidente del Banco Central, dispuso remitir un moderado presupuesto para el 2005 a cambio de que el 42% de los recursos previstos por la reforma fiscal --¢97.000 millones-- se gastaran en el 2005.

Esto contempla, según Dent, la posibilidad de destinar el dinero a gasto social (salud, vivienda, infraestructura y educación) e incluso a un mayor aumento de salarios para el sector público.

En este sentido, el presupuesto de la República para el 2005 –presentado por Dent el 1° de setiembre– que trae recortes por ¢143.000 millones permite a los ministerios aumentar el gasto en 7,4% y establece solo un aumento salarial para los empleados públicos del 2% semestral.

Los diputados solo pueden modificar el destino de los recurso de proyecto de Ley de Presupuestos, pero no incrementar el gasto.

Además, pensiones... ¿Y el Cafta?

Pero las dudas en lugar de disiparse, aumentan.

Tras haberse cedido ante los sindicatos, a los cuales se les aprobó un incremento salarial adicional de 0,5% --lo que motivó la renuncia de Dent--, el Poder Ejecutivo --al frente el ministro de la Presidencia, Ricardo Toledo-- parece estar siendo más complaciente con los diputados, incluidos los socialcristianos.

Una prueba es la forma en que se pretende resucitar el proyecto de ley que permite que 7.630 educadores se pasen al régimen de pensiones del Magisterio, lo que significaba una erogación de ¢30.000 millones.

Esta es además una forma de frenar las presiones del Magisterio Nacional, el cual ha amenazado con realizar una huelga por tiempo indefinido a finales de este mes.

Dent se opuso a ese plan, pero el Gobierno acaba de solicitar a la Procuraduría General de la República que retire una acción de inconstitucionalidad que pretendía frenar dicho proyecto.

Además de las inquietudes en torno a la disciplina fiscal, queda planteada una pregunta igualmente importante: ¿qué ocurrirá con la discusión para aprobar el tratado de libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (Cafta, por sus siglas en inglés)?

Al ceder ante los sindicatos durante las pasadas negociaciones y promover una mayor complacencia con los diputados y otros sectores sociales, se pone a prueba la capacidad del Gobierno para llevar por buen camino la discusión del Cafta, así como la apertura del monopolio de telecomunicaciones y seguros.

Por eso, desde el Ministerio de Comercio Exterior se estaría evaluando la posibilidad de que la discusión se posponga hasta el 2006, una vez que pasen los torbellinos electorales, con el riesgo de que el tratado sea aprobado antes por el resto de países de Centroamérica y que eso afecte la inversión extranjera en el país.

Esta versión no pudo ser confirmada con el ministro Alberto Trejos.

En la cuerda floja, dependiendo también de la figura del ministro de Hacienda, quedan las evaluaciones de riesgo país de las calificadoras internacionales, las cuales orientan el valor de la deuda externa en circulación y la inversión.

Adicionalmente queda sobre la mesa el clima de confianza del sector empresarial y las perspectivas económicas para el 2005.

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