LEGALES

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Columna Tributaria

¿Adónde va la política fiscal?

Ante los acontecimientos de los últimos días, creo importante plantear los efectos que los acuerdos del Gobierno con varios grupos sociales pueden tener sobre la situación fiscal.

La estrategia fiscal de un país no es más que el reflejo de su pensamiento político. En un mundo perfecto, la definición de cuál sistema fiscal se debe utilizar debería ser un balance entre lo técnico y lo político, lo aplicable a la realidad del país y los efectos sobre ámbitos sociales y políticos.

Lo sucedido en estos días, no hace más que poner de manifiesto lo que ha sido la tónica en cuanto a política fiscal se refiere dentro de la administración pública. La solución para lograr una supuesta paz social es premiar el populismo mediante el incremento o reasignación del gasto público y la reducción de impuestos, que representan un importante componente del flujo de caja del Gobierno.

Esto pareciera contradecirse con el discurso usado para justificar la reforma fiscal. El Gobierno se ha enfrascado en tratar de pasar a toda costa una reforma fiscal que, a la fecha, considero pocos verdaderamente entienden desde un punto de vista técnico y práctico y cuyos beneficios reales siguen siendo poco claros.

El IVA es lo que podría dar una solución inmediata, pero se sigue tratando de justificar sistemas y normativas en renta con problemas de recaudación real. Y el plan paralelo de reducción de gasto como contrapartida de la reforma sigue brillando por su ausencia. El Gobierno ha dicho que la reforma es para reducir la deuda interna y no financiar gasto. Sin embargo, ante las presiones de huelgas, lo anterior parece utópico.

Los mensajes entre lo que en la práctica hace el Gobierno y lo que pretende lograr con la reforma parecen contradictorios. Hay que hacer un alto en el camino y reflexionar hacia donde vamos. Pasar reformas por pasarlas sin una política fiscal clara y coherente es peligroso. La Asamblea tiene una oportunidad histórica en este momento para revisar lo actuado y frenar algo que a la postre puede llegar a generar más problemas que beneficios. Debe llamar a cuentas al Ejecutivo para que defina las políticas de control de gasto como base para justificar nuevos ingresos y una reforma fiscal.

Algo aprendimos en estos días: el que grita más duro y amenaza más fuerte se lleva la atención del Gobierno. Tal vez si los empresarios y las personas que mueven la economía de este país toman las calles y violan unos cuantos derechos, se les va a considerar más en serio a la hora de tomar decisiones que van a afectarnos a todos.

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