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Contraloría señala falta de criterios para incentivos turísticos

La Contraloría General de la República (CGR) determinó la ausencia de evaluaciones para medir los logros del otorgamiento de incentivos fiscales en desarrollo de la industria turística, y además pidió regular de manera más precisa las exoneraciones de impuestos a empresas que se dedican a la atracción de visitantes al país.

Los resultados de un estudio del Área de Servicios Financieros, Economía y Comercio, de la División de Fiscalización Operativa y Ejecutiva de la CGR, muestran que se aplican políticas de uso ilimitado de exoneraciones a la adquisición e importación de bienes, por parte de beneficiarios de contratos turísticos, aunque la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turísico establece que solo deben otorgarse a “proyectos y programas importantes” dentro de esta actividad.

También se exonera totalmente el arrendamiento de autos, y se han firmado contratos turísticos para las actividades de pesca y rafting, aunque estas no forman parte de los deportes fomentados por la Ley de Incentivos. De acuerdo con la Contraloría, también se conceden beneficios a actividades excluidas de esta ley desde 1992, aunque no cita cuáles.

Según un boletín de prensa de la CGR, con fecha del 7 de setiembre, esta institución emitió disposiciones vinculantes a los ministros de Hacienda y Turismo, a la junta directiva y gerencia del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y a la Comisión Reguladora de Turismo, sobre la necesidad de efectuar estudios periódicos, que midan el impacto de los incentivos fiscales en el desarrollo del turismo, y el cumplimiento del propósito para el que se crearon.

Del mismo modo, la CGR solicitó inspeccionar si los proyectos con contrato turístico ya iniciaron operaciones, para así proceder a la cancelación del contrato firmado.

Dentro de las disposiciones de la Contraloría está la valoración de la posibilidad de recuperar los impuestos dejados de percibir por las exoneraciones, e iniciar investigaciones administrativas para sentar responsabilidades por la aplicación de las políticas de exoneraciones que están fuera de la ley.

Alex Solís, contralor general, afirmó que “es prudente” que el poder ejecutivo revise la Ley de Incentivos, sobre la base del efecto fiscal para el país.

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