| Archivo | Indicadores | Domingo 19 de septiembre, 2004 | Escríbanos |
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Economía | Débil compromiso de presidente Abel Pacheco Reformas estructurales hipotecadas hacia el 2006 Kattia Bermúdez Mora Mario Bermúdez Vives Cafta, apertura de telecomunicaciones y seguros, atados por indefinición en Zapote Las reformas estructurales que impulsaría el gobierno de Abel Pacheco lucen hipotecadas. A menos que se pague ahora el costo político, deberán esperar hasta el 2006 para continuar su avance. Uno de los proyectos claves de este gobierno, el tratado de libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (Cafta, por sus siglas en inglés), y su consecuente apertura de telecomunicaciones y seguros, la agenda complementaria, la banca de desarrollo y las mejoras en competitividad, tienen ahora poco capital político. Dependerá de la evolución de factores internos y externos para que el Mandatario se decida a cancelar esta hipoteca y garantizar el compromiso con estas reformas. Hoy, el Presidente no se muestra dispuesto a pagar el costo de enfrentar las polémicas asociadas a estos cambios, y prefiere postergar las cuotas hacia el futuro, a la espera de la reforma fiscal. Pero tarde o temprano, las hipotecas se vencen y si no se han pagado adecuadamente, podrían obligar a enfrentar una situación más crítica. Presiones externas
El futuro del Cafta no necesariamente quedará postergado para el 2006 –aunque el Presidente no haga algo de aquí hasta esa fecha–, pues hay factores externos que generarán influencia. De resultar ganador George Bush en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el Cafta sería enviado al Congreso norteamericano. Sin embargo, esto no garantiza un voto positivo, en vista de los cuestionamientos incluso en dirigentes republicanos, provenientes de sectores de mucha influencia política y económica como los azucareros y textileros estadounidenses opuestos a ofrecer beneficios a los centroamericanos. Esto encenderá la carrera por el cabildeo cada vez mayor, que implicará para el embajador de Costa Rica en Washington, Tomás Dueñas, tener una política clara por parte de las autoridades. Esto para dar señales positivas a inversionistas de que el Gobierno apoya el Cafta, y convencer estados indecisos en Estados Unidos sobre la conveniencia de apoyar esta relación comercial. Pero si gana el candidato demócrata John Kerry, quien prometió renegociar el Cafta, a nivel nacional los opositores presionarán por cambiar el texto, e incluso, realizar un referendo para corroborar la percepción de los costarricenses hacia el tratado. Esto atrasaría la decisión de enviar el acuerdo a la Asamblea Legislativa durante lo que queda de este año. Y aunque en sectores como el Partido Liberación Nacional (PLN) se piensa en la urgencia de avanzar en otras reformas estructurales como la agenda de acompañamiento –en palabras de la diputada Laura Chinchilla–, el Gobierno parece preferir un paquete conjunto. Otro factor externo que pesaría en la decisión del Mandatario es la posibilidad de que El Salvador, Nicaragua y Honduras logren concluir antes que Costa Rica la ratificación. El Financiero confirmó que los gobiernos de estos países están listos para remitir, a finales del presente mes o principios de octubre, el acuerdo comercial a sus congresos, donde aparentemente hay escasa oposición. Entonces, el Cafta entrará en vigencia en el momento en que Estados Unidos y un país centroamericano o República Dominicana lo hayan aprobado, mientras que Costa Rica quedaría atrás. Presiones internas De ser así, la presión interna que ejercerían los empresarios nacionales que exportan a Estados Unidos y Centroamérica se volcará hacia el Presidente para que concrete el compromiso que por ahora no ha asumido en forma contundente, razón por la cual el ministro de Comercio Exterior y dos de los principales negociadores del Cafta decidieron renunciar.
Pero aunque el Presidente manifestara voluntad política para hacerlo, en estos momentos el Gobierno no tiene la fuerza necesaria para enfrentar las críticas y marchas en contra por parte de un movimiento social fortalecido tras los resultados de conflictos recientes, como el aumento salarial, pensiones del Magisterio, la apertura del contrato de Riteve y la flexibilización de normas. Por eso deberá, primero, recomponer alianzas internas y nombrar en los cargos vacantes a quienes estén dispuestos a continuar estas reformas pendientes (véase nota: “Gobierno obligado a recomponer alianzas”, y recuadro: “Los consejeros de Zapote”). Por ejemplo, en vista de la salida de Ronulfo Jiménez de la coordinación del equipo económico, quedaron en el limbo los proyectos de modernización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la ley marco de telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Seguros (INS). De igual forma, al dejar el cargo Anabel González, negociadora principal del Cafta y coordinadora de la agenda complementaria, este conjunto de proyectos de apoyo al sector productivo que serían financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, deberá esperar el momento en que el Presidente decida para darla a conocer, pues desde antes estaba supeditada al envío del Cafta a la Asamblea Legislativa. Pero esto será, como ha insistido Pacheco, hasta que los diputados aprueben la reforma fiscal, lo cual podría ocurrir en diciembre, según pronósticos optimistas (véase nota: “Plan fiscal da otro paso”). En tanto, el Congreso está abocado a la discusión del presupuesto nacional, y en las labores de control político cada vez más polémicas. De modo que de aquí a diciembre próximo, tanto Gobierno como sector privado –e incluso el movimiento social– tendrán un compás de espera para organizar su estrategia frente al tratado. También servirá para conocer el papel que asumirá el precandidato liberacionista, Oscar Arias, tanto ahora como en el 2005, donde el Cafta será uno de los puntos claves de discusión electoral. Arias es presionado por sectores del partido que le piden tomar distancia de Pacheco para evitar el desgaste, pero el exmandatario debe evaluar si alejarse implica arriesgar la posibilidad de heredar un deterioro económico. Otro factor es el resultado de encuestas sobre la gestión del Presidente y la percepción hacia el Cafta y las otras reformas. Mientras los datos no revelen que el costo político se reduce, las reformas estructurales como Cafta, ICE, INS y agenda paralela están hipotecadas con un débil compromiso del Presidente.
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