EDITORIAL

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Un atraso inexcusable

Uno de los aspectos más relevantes del tratado de libre comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los EE. UU. (Cafta, por sus siglas en inglés) es la apertura gradual, selectiva y regulada del mercado de las telecomunicaciones que en él se contempla. En efecto, el acuerdo establece compromisos de apertura parciales, calendarizados por etapas, y al amparo de una ley general de telecomunicaciones que asegure un proceso ordenado y en beneficio de los usuarios, principal propósito del rompimiento del monopolio de hecho existente en nuestro país.

En este semanario no tenemos la menor duda de que la competencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones es algo por lo que los costarricenses debemos luchar con o sin Cafta, pues es ya innegable el rezago tecnológico que padecemos, como se evidencia con los insatisfactorios niveles de cobertura en telefonía fija, telefonía celular e Internet, no solo en comparación con los de países del mundo desarrollado sino incluso con los de otros que hasta hace poco ocupaban posiciones similares a la nuestra.

Lo cierto, sin embargo, es que la negociación de ese acuerdo comercial nos abrió la posibilidad de retomar una discusión que había quedado interrumpida por los acontecimientos relacionados con el denominado "combo del ICE", durante la administración Rodríguez Echeverría, y que para la mayoría de los costarricenses todavía no termina.

La negociación del Cafta finalizó en enero del año pasado y han transcurrido ya más de dieciocho meses sin que el Poder Ejecutivo haya sido capaz de redactar un proyecto de ley que dé inició a la discusión legislativa, no obstante que en reiteradas ocasiones se han anunciado fechas en que ello estaría ocurriendo.

Recientemente, esa fecha se pospuso nuevamente para noviembre próximo. Lo grave del asunto es que esta legislación va estrechamente ligada al Cafta, cuya entrada en vigencia, para los países que lo hayan aprobado, se espera suceda a inicios del año venidero.

Esta deplorable desidia solo se asimila al injustificable retraso en la remisión del acuerdo comercial para su respectiva discusión en la Asamblea Legislativa.

En julio del año pasado, el Poder Ejecutivo argumentó que el tratado no sería enviado al Congreso sino hasta que se aprobara la reforma fiscal. En aquella ocasión subrayamos que los dos proyectos eran por sí mismo importantes y advertimos del peligro de que esta administración se quedara sin aprobar los dos principales proyectos de su gestión. Los atrasos y mutilaciones que ha sufrido el plan fiscal a lo largo de su tramitación y el incierto futuro que le espera muestran cuán errada fue la estrategia de gobierno, si es que de verdad en aquel entonces tenía la intención de que ambos proyectos fueran sancionados. Pero, errada o no esa estrategia, lo cierto es que las circunstancias actuales indican que llegó la hora de cambiar de posición, pues la inflexibilidad del presidente en este punto está causando graves perjuicios al entorno económico del país.

El Cafta y sus leyes de implementación, incluyendo las de la apertura en los mercados de telecomunicaciones y de seguros, deben empezar a discutirse en el foro legislativo desde ya. Se trata de proyectos complejos que requieren de una amplia discusión entre los diputados, consultas entre los diferentes sectores interesados, la opinión de expertos y el acatamiento estricto de los plazos y procedimientos legislativos.

En el caso concreto de la ley marco de telecomunicaciones, se trata de un área en donde la regulación debe hacerse bien, de manera que en efecto permita la competencia y participación de distintos suplidores y en donde la supervisión se realice de una manera efectiva. Los mismos retos se enfrentan con la legislación para la apertura de los seguros, aunque aquí los plazos son un tanto menos apremiantes.

El tiempo se acaba, pero los problemas y las dificultadas permanecen o se empeoran por la inacción del Gobierno. El presidente Pacheco fue elegido por cuatro años, que no terminan sino hasta mayo del 2006. Es imperdonable que hoy tengamos que correr porque no se hizo lo que se debía oportunamente. Seguir atrasando lo inevitable sería solo un escapismo. Lo que hoy le pedimos al Poder Ejecutivo es que cumpla con su deber y permita que los señores diputados hagan su trabajo sin más demora.

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