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En esta sección:

Reformar seguro de salud para garantizar solidaridad


Claudio Arturo Arce Ramírez
Economista

En días pasados se publicaron, en diversos medios de comunicación, un conjunto de reportajes y artículos de opinión sobre uno de los temas de mayor relevancia pero que hasta la fecha ha tenido escasa o nula discusión pública: la sostenibilidad del seguro de salud.

El documento Agenda Estratégica de la Caja Costarricense de Seguro Social 2004-2006 propone un conjunto de medidas de política pública encaminadas hacia la consecución de este fin.

Este artículo tiene por objetivo delinear algunas ideas no contenidas en el planteamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Síntomas de inestabilidad

Ciertamente algunos datos evidencian síntomas de inestabilidad económica del seguro de salud.

Por ejemplo se estima que la prima de gasto es mayor que la prima contributiva, lo que implica que la tasa contributiva es insuficiente para financiar el costo de operación del seguro de salud, por lo se recurre al expediente de ingresos no tributarios y otros.

En general, las ineficiencias del sistema público están vinculadas a problemas de agencia, de rigideces y de contratos ambiguos que no han podido corregirse.

La propuesta se estructura sobre la base de un plan básico de salud de acceso universal y un conjunto de innovaciones institucionales; y fortalecer la solidaridad al permitir por una parte transferencias de recursos entre poblaciones con riesgos de salud diferentes (por ejemplo, grupos etareos, regiones y sexo).

La revisión de los modelos de financiación del gasto en salud es una cuestión que alcanza carácter internacional.

En realidad, la mayor parte de los Estados comparten una preocupación común: cómo garantizar unos sistemas de salud de amplia cobertura y elevados niveles de calidad y equidad que sean, simultáneamente, viables desde el punto de vista financiero.

El primer elemento de la propuesta es la definición de un plan de servicios universales y costos-efectivos que sea financieramente sostenible.

La experiencia internacional muestra que lo adecuado es que su financiamiento se estructure con base en una prima de carácter comunitaria, ajustada por riesgo ex-ante (antes de su implementación).

El ajuste por riesgo se realizará por sexo, edad y región. Pero se impondrá un límite al ajuste, generando un factor que reducirá la variabilidad de las primas por tipo de riesgo.

Por ejemplo habría que establecer que el ajuste máximo no puede exceder un 50% del monto de la prima comunitaria establecida libremente por cada asegurador.

Los menores de 18 años tendrán otra prima comunitaria.

Mecanismo de solidaridad

Esta limitación en la dispersión de precios por tipo de riesgo permite introducir un mecanismo de solidaridad intergeneracional y por género.

El segundo aspecto es replantear el rol del seguro de salud como asegurador público. Esto, asumiendo un papel de asegurador de última instancia, permitiendo la participación de aseguradores no estatales (el caso de Holanda por ejemplo) y estructuración de un sistema de compensación y reaseguro, con el objeto de compensar a las posibles aseguradoras con mayor proporción de población de mayor riesgo ex-ante.

El tercer elemento es el diseño e implementación de un seguro catastrófico que permita enfrentar la presión que supone el nuevo patrón de morbi-mortalidad a mediano plazo; y finalmente incorporar complementariamente un deducible ya no por gasto anual sino por evento para frenar la posibilidad de sobreconsumo.

Una propuesta de esta naturaleza es la que realizaron Feldstein y Gruber (1994) para Estados Unidos.

Específicamente, mostraron que las personas que tienen que pagar un pequeño deducible en cada evento gastan menos en salud que aquellas que no tienen esa obligación, sin que ello afecte su estado de salud. En síntesis, la reforma del seguro de salud por lo tanto ha de garantizar la solidaridad con la responsabilidad individual y ser financieramente sostenible.


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