ECONOMÍA

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Ilustración /Eyewire

Ética | No hubo estampida en juntas directivas de entidades públicas

Ley contra corrupción cumple un año entre ruido y reformas

Declaraciones juradas crecieron más de 200%: Contraloría tiene que estudiar 9.519 en este año

Mucho, mucho ruido y pocos ecos. A un año de la aprobación de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito ha sido más el barullo que la evaluación serena.

No se produjo la anunciada estampida en los integrantes de juntas directivas de las instituciones públicas -solo se dejó constancia de siete dimisiones por la regulación- ante la molestia que provocó la meticulosa declaración jurada.

Sin embargo, sí se produjo la avalancha de declaraciones que se temía: la Contraloría pasó de unas 3.000 declaraciones a 9.519, lo que ha imposibilitado su fiscalización (véase recuadro: "Laberinto de papel").

Apenas se trabaja en la clasificación y análisis de esos documentos de 15 páginas, que van desde propiedades a menaje, de ganado a tarjetas de crédito (hay que reportar límites y pagos promedio), de fianzas a obligaciones adquiridas. Detalles que pueden dificultar las posibilidades de un control efectivo en el ente contralor.

Tampoco hay un solo caso que se haya presentado ante los tribunales, por eventuales violaciones a la ley. En cambio, se aprobó una reforma en la Asamblea Legislativa, y al menos tres más hacen fila.

Ajustar en lugar de asustar

Los ajustes van más allá de la reforma legislativa para permitir que los regidores pudieran recibir la dieta y un salario como funcionarios públicos (de paso, se autorizó un límite de tres dietas para miembros de Juntas Directivas públicas).

Contraloría y Procuraduría han tenido que realizar una poda, desde precisar que la incompatibilidad entre alta gerencia pública y propiedad de acciones se limitaba a empresas que brindan servicios al Estado, compiten con él o reciben recursos públicos, hasta precisar quiénes deben hacer las declaraciones.

Sin embargo, Manuel Martínez, gerente de la división de asesoría y gestión jurídica de la Contraloría, advirtió que un año es poco tiempo para evaluar una ley de este tipo. Todavía se desarrolla jurisprudencia en la Sala IV y en el ente contralor sobre su interpretación.

Mientras, existe el riesgo de que se genere una cultura del miedo en el funcionario público temeroso de tomar decisiones, y un exceso de consultas. Pero Martínez indicó que también para esto habrá que dar mayor tiempo.

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