Sí, por eso las PYME requieren trato especial en compras del Estado

El Cafta limita el desempeño de las PYME porque no contempla normas comerciales nacionales o internacionales que beneficien a las pequeñas empresas que cumplan con ciertos estándares sociales y ambientales, cuyas acciones deberían ser tomadas en cuenta

la hora de seleccionar a los proveedores del Estado.

Juliana Martínez y Mauricio Castro, miembros del grupo que elabora el documento "Aportes para una nueva Costa Rica inclusiva y solidaria" (Crisol), aseguraron que el Cafta solo fija parámetros de precio para poder competir.

Crisol propone una estrategia de promoción de producción limpia que interrelacione políticas de fomento productivo, incluyendo la contratación administrativa y las compras del Estado, con el cumplimiento gradual de estándares laborales, sociales y ambientales.

Castro y Martínez aclararon que no se trata de los cheques en blanco del pasado (como los Certificados de Abono Tributario), sino de incorporar indicadores graduales de desempeño que propicien una situación ganar-ganar entre el sector productivo, el Estado y la sociedad civil.

Cafta resguarda todos los programas que favorezcan a las PYME

En ningún caso el acuerdo limita el desempeño de las PYME en Costa Rica y sus posibilidades de participar de forma competitiva de las compras del sector público, afirmó Susana Váquez, asesora de la Dirección General de Comercio Exterior.

El país negoció supeditar el acuerdo comercial a la legislación nacional sobre pequeñas y medianas empresas

(Ley 8262).

El capítulo noveno sobre Contratación Pública del Cafta incluyó un anexo, el cual señala expresamente que el país se reserva el derecho de desarrollar programas en favor de las pequeñas y medianas empresas que participen de las compras de la administración pública basándose en esa Ley.

Precisó que la reserva es amplia y no limita el tipo de preferencias, beneficios o la protección con que se quiera blindar al sector.

Sin embargo, la Cámara de Industrias alertó hace un año la inexistencia de un reglamento de compras del Estado para las PYME, pese a que la Ley cumplió tres años de vigencia.

Si se aprueba el Cafta sin ese reglamento se pierde la oportunidad de apoyar al sector, afirmaron los industriales.