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En esta sección:

Empresas del siglo XX1: El control es fundamental


Danilo Villalta
Socio director, Deloitte

Las operaciones que llevan a cabo las entidades públicas o privadas deben tener controles que garanticen la ética y transparencia

Existen normas de auditoría, contabilidad, gobierno corporativo y presupuestos públicos. Hay también organismos reguladores y organismos de supervisión y de control

Los más recientes cambios en las normas de auditoría se relacionan con las áreas de control interno y fraude y la Ley Sarbanes Oxley promulgada en los Estados Unidos de América.

El principio orientador de los objetivos y actividades de control es el costo beneficio, donde la eficiencia de las operaciones no debería ser afectada, de manera que permita que los bienes y servicios que se entreguen a los ciudadanos sean de calidad a un costo razonable.

Hace ya muchos años, la propia Contraloría General de la República propició un cambio importante en el modus operandi de las auditorías internas del sector público, que anteriormente participaban en los procesos de ejecución de las operaciones, con lo cual perdían su independencia.

Esto propiciaba que los funcionarios responsables de ejecutar esas operaciones no asumieran a plenitud su responsabilidad, porque tenían la excusa de que la auditoría interna las había revisado a priori.

Precisamente, una entidad, pública o privada, estructurada y operando con fundamento en las normas de gobierno corporativo, le asigna la responsabilidad que le corresponde a cada uno de los órganos de gobierno que se establezcan, con lo cual se hace innecesaria la previa participación de otro organismo en los procesos de ejecución de las operaciones.

Un amplio espacio de trabajo lo constituye nuestro sector público, donde es urgente que la ejecución de las obras que necesita Costa Rica sean efectuadas con agilidad.

Se requiere plantear reformas legales importantes, para que se cambie el rol de la Contraloría General de la República, eliminando su participación previa en los procesos de ejecución de las operaciones de las entidades del sector público.


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