OPINIÓN

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Gobernabilidad económica

¿Cuál debe ser el papel de la planificación en el estado costarricense? Dos analistas responden esta pregunta ante una invitación del periódico El Financiero

Los conceptos no son neutrales y a menudo el destino de las ideas depende del pasado de su aplicación. Sucede con la planificación estatal, frecuentemente confundida con la forma en que se desarrolló en los países que integraron el bloque comunista: una planificación central de un desempeño económico regido, conducido y gestionado por el Estado.

En América Latina la planificación estatal del desarrollo económico tuvo su hora dorada en los años 60 y 70 del siglo pasado, en consonancia con un modelo de crecimiento centrado en la sustitución de importaciones y en grandes inversiones públicas en actividades económicas consideradas estratégicas.

Desde entonces y a la vista del fracaso de los experimentos sociales de la "economía central planificada" y de la crisis de la deuda que en América Latina cuestionó hasta las entrañas las iniciativas de inversión pública financiadas con recursos externos, la noción de planificación ha caído en desgracia.

Resultados a la vista

Así, en las últimas dos décadas, dominadas por una confianza exagerada en las capacidades organizadoras de la operación libre de los mercados, se acabó con la idea de que los estados debían conducir la economía, esto es planificar las acciones que habrán de tomarse para impulsar los países hacia el desarrollo.

Se entregó la asignación de recursos para el consumo, el ahorro y la inversión a la acción autónoma y espontánea de los mercados y los resultados de ese nuevo experimento están a la vista: cuesta crecer, cuesta más hacerlo de manera más o menos extendida en el territorio nacional y en las distintas ramas de la producción, y cuesta mucho más hacerlo de modo que se transfieran las ventajas del crecimiento a los pobres. En otras palabras, liberado a las decisiones autónomas del mercado, el crecimiento económico es débil y volátil; concentrado en las zonas metropolitanas, donde la aglomeración de los llamados factores de la producción reduce los costos de transporte e intercambio y poco amigable con los pobres, quienes en razón de sus privaciones materiales y sociales, no disponen de suficiente desarrollo de sus capacidades personales para integrarse al esfuerzo económico general.

Pero eso no significa que se haya abandonado la planificación. Lo que se hizo fue privatizarla; es decir, reducirla a la sumatoria de las decisiones de inversión de los operadores privados, decisiones que, por supuesto, son planificadas. Planificadas en términos de variaciones previsibles en la oferta, la demanda y los patrones de competitividad, que son las bases de sustentación de la racionalidad de mercado y no en términos de desarrollo sostenible, es decir crecimiento integral, duradero y equitativo que son los términos de una planificación estatal de nuevo tipo.

No se trata pues de negar la utilidad de la planificación o promover formas descafeinadas para su adopción por parte de los gobiernos, con apellidos como "estratégica" o "por resultados". Tampoco de reducirla a la presentación cada cuatro años de "planes nacionales de desarrollo" que no siempre se formulan en consonancia con las posibilidades efectivas de su aplicación por parte de las instituciones públicas encargadas de ejecutarlos. En los últimos años, son pocos los logros asociados a la aplicación de estrategias impulsadas en estos planes, o en sus hermanos menores que son los planes anuales operativos de las instituciones. El problema del tiempo parece ser en este sentido una cuestión crítica: toma tiempo formular un plan de desarrollo. Para cuando se dispone de él, la administración ha perdido un año de vida y quedan apenas tres para ejecutar las acciones legales y las reformas en las prácticas institucionales que son necesarias para el logro de los objetivos prefijados. El tiempo también es un problema para la correcta aplicación y formulación de planes anuales operativos. El umbral de un año no es útil en términos de objetivos de desarrollo y menos aún en términos de necesidades de inversión.

Avanzar en la planificación del desarrollo trata, en mi opinión, de reconocer que dados los efectos negativos de la gestión económica centrada en la autonomía del mercado, y la futilidad de las formas de planificación que sobreviven con dificultad, conviene pensar en la necesidad de nuevas prácticas de gobernabilidad económica (mejor que planificación y para no confundir) centradas, pero no reducidas, en la acción pública. Así, una vez definidos los objetivos de la acción gubernamental en términos de desarrollo, deberán "planificarse" las acciones públicas y privadas necesarias para alcanzarlos.

Lo más relevante

Y esa es quizás la cuestión mas relevante de la planificación estatal de nueva generación, que aquí llamamos gobernabilidad económica. No es una forma de establecer obligaciones para el Estado, o procedimientos institucionales y normas que son fines en sí mismos, sino más bien de identificar las acciones que los actores privados, y ocasionalmente la acción gubernamental, han de tomar inducidas por la política pública, para alcanzar objetivos de desarrollo a largo plazo.

En suma, dos cosas. Primero, por el camino de una gobernabilidad económica privatizada donde los únicos actores estatales relevantes son el Banco Central, ocupado con dificultad de los equilibrios financieros, y el Ministerio de Hacienda, condenado a recortar gasto público donde más se necesita, el país va a continuar teniendo problemas para encontrar caminos de progreso social más allá de los rendimientos anuales crecientes de unas cuantas empresas.

En tales condiciones, segundo, el desafío es devolver al Estado la responsabilidad de pensar el largo plazo y proponer los objetivos de desarrollo a alcanzar, colocando los recursos fiscales necesarios para ello, más allá del horizonte recortado de una administración y del debate ocasionalmente relevante sobre quién debe hacer el trabajo en último término.

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