OPINIÓN

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Planificación opacada por recorte del gasto

Nuestro Estado de derecho ha venido cediendo espacio a la dictadura de los incisos. Los principios constitucionales y las leyes fundamentales que definen la administración estatal e institucional, han sido suplantados progresivamente por la letra menuda de los artículos, las normas y procedimientos. Se ha creado un caos institucional y una inseguridad jurídica que llevan el país al colapso organizacional.

En vez de regirse el país por un plan de largo aliento y responder cada uno de los jerarcas por los resultados institucionales como lo ordena el artículo 11 de la Constitución y las leyes correspondientes, desde hace dos décadas el súper ministro de Hacienda es el que gobierna de hecho con el único criterio de reducir el gasto.

Se ha venido cortando el presupuesto de la administración sin evaluar resultados y con muy pocas prioridades. Se han afectado con este procedimiento todos los programas de la administración pública, especialmente las inversiones sociales y de infraestructura. Así, se han transformado los programas buenos en regulares, los regulares en malos y los malos en pésimos.

Todas las medidas han obedecido a la lógica de reducir el Estado al mínimo. Se parte del supuesto de que el Estado que tenemos, carente de efectiva rendición de cuentas y control ciudadano, ineficiente, de endeudamiento creciente, es la única forma de Estado posible.

Se parte así, a contrapelo de las definiciones constitucionales y legales, de la práctica de las democracias avanzadas y de una toma de decisiones democrática, que el Estado es un mal que hay que reducirlo al mínimo para que no dañe. Todas las medidas adoptadas durante los últimos 20 años han sido congruentes con el supuesto anterior.

Así la movilidad voluntaria, diseñada para reducir el aparato público, tuvo un efecto nefasto sobre este ya que abandonaron sus puestos los mejores cuadros y no los ineficientes. La designación como puestos de confianza de aquellos cuadros técnicos de alto nivel ministerial, anteriormente adscritos al servicio civil, terminó de romper con la continuidad institucional y la calidad técnica gerencial ya que fueron llenados por parientes, amigos o "socios" del jerarca.

Inversiones afectadas

Debilitados los ministerios y el Ejecutivo como un todo, y subordinado el resto de la administración descentralizada a la autoridad presupuestaria, se ha logrado reducir el gasto a costa de las inversiones, pero no se ha mejorado la calidad y eficacia de la administración pública; por el contrario, se ha profundizado la crisis institucional. Para hacer una comparación con la gestión de una empresa privada, es como si el gerente le diera instrucciones al contador para reducir las erogaciones a como diera lugar, sin analizar las consecuencias inmediatas y futuras de los recortes en inversiones y trabas en contratación. Pronto se verían los resultados negativos en incremento de precios por parte de los proveedores, un clima interno propicio a la corrupción y la pérdida de eficiencia y de competitividad por no haberse hecho oportunamente las inversiones estratégicas para el desarrollo de la empresa.

Al Ministerio de Hacienda le corresponde volver a sus funciones de cobrar bien los recursos y girar lo necesario de acuerdo con los planes aprobados y los resultados de la evaluación de resultados. Es al Ministerio de Planificación al que, por ley, corresponde elaborar las líneas de política nacional para lograr la estabilidad y el desarrollo a mediano y largo plazo, dar seguimiento y evaluar, conjuntamente con los ministerios e instituciones rectoras, los planes institucionales anuales.

Caos normativo

La Asamblea Legislativa, por su parte, debe elevar la recaudación pública del 13% al 20% del PIB como corresponde, de acuerdo con normas internacionales a un Estado como el nuestro, y recibir antes de discutir el presupuesto del año siguiente, una copia de la evaluación del año anterior, de cada programa. Solo así y con el establecimiento de los tribunales administrativos cautelares, para evitarnos otros que alteren aún más la institucionalidad, podremos salir del atolladero. Estos tribunales serían una medida transitoria, de no más de diez años, que ayuden a la transición resolviendo con un golpe de mazo los problemas cotidianos de inoperancia que tiene que enfrentar el ciudadano. Estos despachos obligarían con sus decisiones, que solo pueden ser apeladas en la vía administrativa ordinaria, a que sean las instituciones quienes se aboquen a resolver entre ellas el caos normativo.

Solo así, recurriendo a llamar la crisis por su nombre y tomando las medidas adecuadas para enfrentarla, se crearán las condiciones para volver a la legalidad y a la seguridad jurídica que requiere la buena práctica de la administración pública.

De otra forma, seguiremos con la irracionalidad cotidiana donde sobran "controles" paralizantes en la base, que se cubre de ruborosa apariencia moralista, mientras se carece de controles efectivos sobre la gestión de la alta jerarquía que es la que tiene el poder efectivo gracias a las estructuras subyacentes de operación que han deformado la legalidad constitucional.

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