FINANZAS

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Banca | Reforma a norma 1-95 trae cambios drásticos para bancos

Sugef será más estricta con morosidad

Se incluirán garantías, pero estimaciones serán mayores

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) obligará a los bancos a ser más estrictos con el control de la morosidad y para cumplir con ese objetivo ya les envió en consulta una reforma a la normativa conocida como 1-95.

Este reglamento establece la clasificación y calificación de los deudores de la cartera de crédito y el nivel de estimaciones por el atraso en las operaciones.

Entre los principales cambios que trae esta reforma -una de las más importantes para el sistema financiero- están el hecho de que los bancos ahora podrán tomar en cuenta la garantía al momento de calcular las estimaciones de una operación.

Asimismo, de ahora en adelante para calificar a un deudor, las entidades podrán tomar en cuentas variables como su capacidad de pago y su comportamiento histórico, y no solo el número de días de atraso en su préstamo.

También se ampliaron los porcentajes de estimación que deben hacer por las operaciones atrasadas y además se redujo el plazo para considerar a un crédito como irrecuperable (antes era después de 180 días, ahora será después de los 120).

Para Oscar Rodríguez, titular de la Sugef, la normativa es más práctica y se enfoca en los aspectos medulares para medir el riesgo en las carteras de crédito.

Algunos banqueros consultados calificaron la reforma como simple y moderna, pero sí encontraron "drásticos" algunos de los cambios anteriores.

Dicha reforma fue aprobada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) el 25 de noviembre pasado y estará en consulta entre las entidades durante 20 días hábiles.

Después de recibir observaciones, la Sugef la enviará nuevamente al Conassif para su aprobación. No obstante, el proyecto incluye un transitorio que indica que los cambios entrarán a regir seis meses después de su publicación en La Gaceta.

Principales cambios

La reforma califica a los deudores en dos grupos: el grupo 1, los de más de ¢50 millones y, el grupo 2, los de menos de ¢50 millones (antes el límite entre ambos grupos era ¢17 millones).

Los deudores del grupo 1 se calificarán según su capacidad de pago (entendida como la capacidad de generar un flujo de efectivo para pagar sus deudas), su comportamiento histórico (tomando en cuenta las operaciones vigentes del cliente en otros bancos y aquellas extintas hasta dos años antes) y su morosidad (número de días de atraso).

Los del grupo 2 solo se definirán por este último aspecto.

Ahora bien, para determinar el nivel de riesgo de un deudor, los bancos se guiarán por un esquema en el cual harán un balance de esos tres elementos (véase recuadro: "Esquema de calificación de mora").

De esa forma, por ejemplo, un deudor A será aquel cuya capacidad de pago sea buena, su comportamiento histórico también y sus operaciones tengan menos de 30 días de atraso.

No obstante, un deudor C será aquel cuya capacidad de pago es de regular a buena, lo mismo que su comportamiento histórico, pero sus operaciones presentan menos de 90 días de atraso.

Según Rodríguez, los bancos clasificarán a los deudores a partir de la variable que tengan más deteriorada, sin importar que en las otras dos su comportamiento sea satisfactorio.

Los clientes E serán aquellos que no cumplen los requisitos fijados en alguna de las categorías anteriores, que están en quiebra o intervenidos.

Igualmente, los porcentajes de estimación por categoría se ampliaron: para los clientes A, los bancos deberán aprovisionar un 0% (aunque existe una estimación genérica del 0,5% para todas las operaciones); para los clientes B un 20% (antes era un 10%), para los C un 40% (antes era un 20%), para los D un 80% (antes era 60%) y para los clientes E el 100% del saldo.

Sin embargo, para establecer la estimación mínima, la Sugef estableció tres tipos. Primero es la provisión estructural, que en el caso de los deudores A, B y C se medirá por el saldo de la operación menos el valor de la garantía, multiplicado por el porcentaje de estimación. Para los deudores D y E, solo se multiplica el saldo del crédito por el porcentaje de estimación.

Luego está la estimación ajustada absoluta, que será definida por Sugef según las inspecciones que realice, y la estimación ajustada relativa, que es un porcentaje mínimo que deberá mantener la entidad en el tiempo -a petición de Sugef- sobre todos sus créditos.

La estimación mínima exigida será la mayor de los tres tipos anteriores.

Rodríguez dijo que aunque no se ha medido el impacto de esta reforma en los bancos, se fijó una restricción para que luego de su aplicación, las estimaciones no deben ser menores a las actuales.

Gerardo Corrales, gerente del BAC San José, dijo que la reforma es más simple, pero hizo ver que los porcentajes de estimación son más amplios, por ejemplo, si un cliente pasa de categoría A a B, el banco deberá aprovisionar de un 0,5% a un 20%.

Agregó que es positivo que la reforma tome en cuenta las garantías reales a la hora de medir su riesgo, pero recordó que muchos clientes corporativos no dan garantías reales y son buenos clientes. Criticó que la norma no toma en cuenta los avales bancarios.

"Es una norma más simple, pero más severa. El problema está en los porcentajes de las estimaciones, pues en el nivel intermedio (clientes B y C) muchos clientes no sería 'bancables' y serían plato para los bancos centroamericanos que tienen un nivel de provisiones menor", señaló.

Alvaro Saborío, gerente de Banco Cuscatlán, señaló que los cambios modernizan la normativa, la enfocan mejor y la harán más fácil de aplicar, lo cual redundará en beneficios del sistema financiero.

Igual criterio manifestó Federico Albert, gerente de Banex, quien se mostró confiado de que al final del proceso de consulta saldrá una normativa moderna y actualizada acorde con la realidad del sistema financiero local.

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