INFORME ESPECIAL

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Tecnologías de la información | País obligado a acuerdo para modernizar sector

Telecomunicaciones: podemos ser optimistas

El Estado debe dictar una política de inversión en TIC para atraer inversiones

El desarrollo que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han tenido en las últimas décadas, marca un hito en la historia humana.

Su impacto solo es comparable con la revolución agrícola que permitió al hombre dejar su existencia nómada o con la revolución industrial, que permitió transformar la producción artesanal en industrial.

Como todo cambio de paradigma en la historia humana, la denominada revolución de la información ha sido producto de la interacción en el tiempo de fuerzas económicas, sociales, políticas, científicas y tecnológicas. No es mi objetivo profundizar en esos procesos históricos, sino hacer una reflexión puntual sobre la situación de Costa Rica y su futuro en el sector TIC y, en particular, en el sector de telecomunicaciones.

Hasta los años 80, Costa Rica logró una exitosa transferencia tecnológica en telecomunicaciones, construyendo infraestructura y servicios de manera eficiente y eficaz. ICE y Racsa ejecutaron fuertes inversiones públicas en infraestructura básica y en medios de acceso y llevaron al país a alcanzar altos índices de penetración de servicios.

A partir de la década del 90, ese liderazgo se deterioró. Las telecomunicaciones aceleraron su transformación y se integraron con la computación e informática, operando sobre las mismas plataformas tecnológicas y permitiendo la convergencia de voz, video, datos e Internet, y elevando en órdenes de magnitud la complejidad y las inversiones requeridas.

Limitación estatal

El Estado no es ni será capaz de implementar y operar la infraestructura y los servicios que el país necesita en TIC, pues la complejidad, la velocidad de transformación y las inversiones trascienden sus capacidades de recursos. La evolución masiva de los medios y dispositivos de acceso fijos y móviles y su diversificación, ha agregado una presión enorme al modelo en lo tecnológico y comercial. Es justamente en los medios de acceso donde el modelo de operación de ICE y Racsa tiene su punto más débil.

Los monopolios estatales que casi sin excepción operaban en el mundo dieron paso a nuevos modelos, sustentados en coinversión y cooperación pública y privada y en nuevos marcos regulatorios. Tanto países que dejan al mercado la asignación de los recursos, como los intensivos en regulación estatal, China o Cuba por ejemplo, se abrieron a la competencia y a la inversión privada en el sector. Hoy, más del 98% del mercado mundial de las telecomunicaciones opera en condiciones de competencia.

En Costa Rica, varias iniciativas privadas, públicas y mixtas, trabajan en propuestas para modernizar al sector, proceso que ahora tiene plazos definidos gracias al tratado de libre comercio con Estados Unidos. La Asamblea Legislativa con el concurso de partidos políticos, de ICE, Racsa, Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micit), del sector empresarial, sindical y los consumidores, mantiene una Comisión Legislativa Especial que esperamos concluya su trabajo en marzo, con una propuesta realista y de consenso.

El Poder Ejecutivo, mediante el Consejo Nacional de Competitividad y gracias al liderazgo del ministro Fernando Gutiérrez, mantiene en operación la Subcomisión de Competitividad en las Telecomunicaciones, que con participación de representantes públicos y privados, es una primera derivada del consejo que trabaja en la coordinación de prioridades, discute sobre enfrentar la demanda insatisfecha de diversos servicios, las mejoras en tarifas y calidad de servicio.

Mejorar la competitividad

Una segunda derivada de esta iniciativa la constituye un comité que integran Cinde, ICE, Racsa y un grupo de grandes clientes corporativos en telecomunicaciones, quienes procuran apoyar a ICE y Racsa en las acciones necesarias para mejorar la competitividad del sector. Las dos principales agrupaciones empresariales del país, Uccaep y Cadexco, tienen sendos comités que trabajan en el tema. En ICE y Racsa hay también iniciativas que laboran en propuestas de modernización.

Son muchos quienes dentro del ICE y Racsa están de acuerdo con que su futuro y sobrevivencia está en la competencia y en un modelo abierto de trabajo y cooperación con el sector privado. Seguramente pronto se concluirá en un modelo que, "a la tica", permita avanzar, como lo hizo el sector bancario nacional, donde hoy conviven la inversión privada y la pública y la competencia.

No hay duda de que Costa Rica requiere un nuevo modelo de organización del sector de las telecomunicaciones. Este nuevo modelo debe garantizar que para el 2010, el país se ubique dentro de los 30 países del mundo con mejores telecomunicaciones, sea en los índices del Foro Económico Mundial o de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Cada ciudadano y empresa en el país deberá disponer de acceso a los servicios de telecomunicaciones que requiere para su vida personal y sus negocios. Las tarifas deben ser competitivas internacionalmente, establecidas sobre principios de costo y eficiencia, procurando estar por debajo de los promedios internacionales. La infraestructura debe ser intensiva en el uso de medios inalámbricos y de banda ancha, para garantizar el acceso más barato y flexible y debe converger sobre las plataformas IP como estándar internacional.

Marco regulatorio

Para lograr lo anterior, el país debe contar con un marco regulatorio moderno y ágil, que reconozca al Micit como rector político, a Aresep como fijador de tarifas y a una Superintendencia fuerte que regule el sector. ICE y Racsa, en condiciones de igualdad entre sí y los operadores privados autorizados, deberán competir con reglas claras y justas. El acceso gratuito a servicios básicos debe estar garantizado para estudiantes, ciudadanos de oro y grupos vulnerables en todo el país, pues educación y acceso a servicios básicos de telecomunicaciones, son dos de las herramientas esenciales que el Estado debe garantizar a todos sus ciudadanos.

Ese enfoque solidario debe ser financiado por todos los actores en el sector. Es responsabilidad del Estado dictar una política de inversión en TIC para aumentar las inversiones en el sector, pues es necesario pasar en el corto plazo de una inversión en TIC de apenas un 1% del PIB en el año 2003, al menos a 2,4% del PIB en el 2007, sabiendo que la media en los países líderes en el campo es del 4,2%.

Costa Rica tiene una enorme oportunidad de hacer de las TIC un componente fundamental en su estrategia competitiva. En diversas categorías el país exhibe indicadores similares a los de naciones desarrolladas (véase recuadro).

Si aún con las limitaciones en el modelo y la inversión hemos logrado esas posiciones, el futuro es prometedor y nuestra generación tiene la obligación de llegar a un acuerdo para modernizar el sector y realizar el potencial del país en este campo.

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