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Japoneses habrían falsificado documentos en proyecto de cooperación
22 Diciembre 2004, 12:00 PM

La Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) reveló ayer martes que la compañía de su país Pacific Consultants International (PCI) supuestamente falsificó recibos por US$50.000, dinero que habría sido desviado de un proyecto de cooperación de Japón en la cuenca del río Tempisque.

Los recursos, parte de una ayuda de US$230.000, estaban destinados al desarrollo agrícola de la zona, en coordinación con el Instituto Geográfico Nacional (IGN), según informó hoy el diario japonés The Daily Yomiuri. El convenio entre ambas partes fue firmado en octubre del 2000.

De acuerdo con este periódico, un ejecutivo de PCI admitió la falsificación de un pago por US$49.000 al IGN, pues se usaron recibos firmados por una persona inexistente. Según esta fuente, "usaron el dinero para transporte y la organización de seminarios necesarios para la viabilidad del proyecto".

Sin embargo, a pesar de que PCI dispuso al gobierno japonés sus informes contables, no aparecieron documentos que respaldaran estos gastos. Por estas irregularidades, JICA suspendió el 15 de setiembre a la consultora japonesa por dos meses.

Además, JICA exigió a PCI la devolución de cerca de US$170.000 (que según el diario nunca llegaron al IGN) y podría ampliar la suspensión a esta compañía en el proyecto Tempisque por seis meses.

El diaro nacional Al Día informó el 28 de setiembre de este año que el gobierno japonés indagaba presuntas irregularidades en el manejo del proyecto de cooperación. La investigación también es llevada a cabo por la Fiscalía de Delitos Económicos de Costa Rica.

JICA consideraría presentar demandas judiciales contra PCI dependiendo de los resultados obtenidos por el Ministerio Público en nuestro país.

Este diario indica que la firma japonesa subcontrató al Instituto Geográfico Nacional (IGN) para la ejecución de la ayuda, pero en un informe de la Auditoría Interna del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de junio del 2002, se revelaba que el programa había sido manejado al margen de la ley, debido a falta de controles y registros sobre los gastos y el desarrollo de la cooperación.

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