EDITORIAL

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El informe final del Superintendente de Valores

En un país en que la rendición de cuentas - entendida no como la mera enumeración de acciones, sino como un ejercicio de evaluación que sirva para enriquecer el debate nacional y para mejorar el desempeño de las instituciones públicas - es prácticamente inexistente, el Informe Final presentado por el ex Superintendente de Valores, Adolfo Rodríguez, debe ser aplaudido.

Esta afirmación no implica, necesariamente, que este periódico comparta todas las conclusiones y puntos de vista planteados en el Informe. Nuestro punto es otro: el Informe constituye un intento serio y bien razonado de evaluar el desempeño reciente del mercado de valores y sus instituciones, e incluye un esfuerzo por otear el horizonte e identificar las principales tareas pendientes en este campo. La riqueza del aporte al debate, la rendición de cuentas de verdad, es entonces lo que celebramos y deseamos reconocer.

En cuanto a los temas sustantivos tratados por el Informe, quisiéramos destacar tres de ellos, tanto importantes como polémicos.

En primer lugar, el Informe contiene una severa crítica al Ministerio de Hacienda y el Banco Central por el manejo de la deuda pública. A pesar de muchas discusiones sobre este tema, el avance es magro y la consecuencia, según el Informe, es un mercado poco profundo, poco líquido y un costo innecesariamente elevado de la deuda pública nacional.

Si bien reconocemos que en este campo el Banco Central y Hacienda han realizado algunos esfuerzos, como la estandarización de títulos, coincidimos con Rodríguez que las tareas no han tenido el empuje requerido para que ambos actores, de un peso fundamental en el mercado, lo hagan madurar y obtengan un beneficio de la gestión de su deuda.

En segundo lugar, señala el Informe que el marco legal existente, lejos de facilitar la apertura del mercado, la dificulta, debido a que otorga a las bolsas de valores, de manera exclusiva, la responsabilidad de organizar el mercado de valores, a la vez que establece la obligación de que toda transacción en el mercado secundario se haga por medio de la Bolsa y que establece obligatoriamente a los puestos de Bolsa como propietarios de esa entidad. Este es un tema fundamental cuya discusión debe profundizarse.

En tercer lugar, en su análisis del reciente ajuste en la industria de los fondos de inversión - eufemismo utilizado en el informe para referirse a la reciente crisis de esta industria - el ex Superintendente señala que, para asegurar una adecuada protección a los inversionistas y para reducir los riesgos sistémicos existentes en el mercado, probablemente sea necesario ampliar el ámbito de la supervisión pública directa y confiar menos en la autorregulación por parte de los participantes en el mercado de valores. Este es un aspecto que debe analizarse con cuidado pues es claro que la labor de supervisión debe ser preventiva y los controles razonables para promover la iniciativa de los actores del mercado y mejorar la eficiencia del mercado.

No es el momento de emitir conclusiones definitivas sobre ninguno de estos puntos. El valor principal del Informe es que nos da elementos para una discusión seria y a fondo sobre cada uno de ellos.

Hacemos votos porque las autoridades públicas, tanto en el Banco Central como en Hacienda, los legisladores y los participantes en el mercado aprovechan esta oportunidad. Un debate a fondo, serio, con sólidas bases técnicas, es la respuesta que este Informe merece.

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