OPINIÓN

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Costa Rica: país de parches

Un aeropuerto internacional con atrasos en su ampliación; unas carreteras inundadas de remiendos o huecos; hospitales asfixiados de pacientes con nulas posibilidades de crecimiento (Max Peralta de Cartago, San Vito de Coto Brus y Heredia, entre otros); centros educativos sin pupitres, sin ampliaciones; la misma capacidad de manejo de carga en los puertos de Limón y Puntarenas.

Estos son ejemplos de cómo la infraestructura nacional tocó fondo, pues nuestro país decidió ahogarse solo en sus problemas, y vivir su presente en una nación acostumbrada "a los parches".

A la lentitud en los procesos de licitación y trámite burocrático se suma ahora el temor de los funcionarios a firmar adjudicaciones de ofertas con entes privados, ya que podrían desembocar en problemas de transparencia o corrupción, debido a los casos recientemente expuestos en la prensa nacional.

Pobres resultados

Costa Rica apostó en los años noventa del siglo pasado a que el sector público concesionara las principales obras para su construcción por parte del sector privado, sin embargo, este modelo ha dado pobres resultados, en gran medida, porque la selección de las empresas carecía de respaldo financiero que facilitara la conclusión de las obras.

A ello se suma, que el Estado abandonó su papel de constructor en manos del MOPT, cerró los ferrocarriles en 1995 y se enfrascó en materia de calidad vial, por ejemplo, en una lucha de palabras con el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales.

Se crearon impuestos con destino específico que, generaron recursos sanos, pero su entrega ha estado supeditada a la política de caja única y disponibilidad fiscal, impulsada por el Ministro de Hacienda, de turno. Situación que es corregida por la Sala Constitucional, recientemente, lo que obliga al Poder Ejecutivo a convencer al Parlamento para la aprobación de la reforma fiscal.

A Costa Rica no le queda otra opción que establecer un plan nacional de infraestructura en educación, transportes, salud y electricidad, principalmente, para acabar con el paso de tortuga que retrasa la producción y una mejor la calidad de vida para los usuarios de los servicios públicos.

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