ECONOMÍA

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El uso de fondos públicos, los controles y forma de comprar arroz afectaron al consumidor. Ese es el sustento de la denuncia que estudia el Ministerio Público. Foto Mario Rojas / Para el Financiero / Archivo

Agricultura | Autoridades aseguran que cumplieron informe de Contraloría

Fiscalía investiga a Corporación Arrocera

Denuncia de Asociación de Consumidores Libres: se afectó al comprador

La Fiscalía de Fraudes del Ministerio Público investiga a la Corporación Nacional Arrocera (Conarroz), tras una denuncia formalizada por la Asociación Nacional de Consumidores Libres.

Se trata de situaciones cuestionadas por la Contraloría en el informe DFOE-AM-16-2004 como "importantes debilidades que le impiden el logro adecuado de sus objetivos".

En el reporte se criticó la creación de un fondo no reembolsable, ya que se financió, mediante decreto, del diferencial producido por las importaciones de arroz (¢2.756 millones). Esta situación no estaba prevista en la Ley.

Además, el informe cuestionó la falta de reglamentos y regulaciones para las compras de la Corporación, y la insuficiencia de controles para realizar varias de sus actividades.

Marco Calvo, abogado de la Asociación, explicó que se tomó la decisión de presentar la denuncia debido a que el trámite del ente contralor resultaba más engorroso.

"Los ejes de la denuncia son la falta de controles internos, la ausencia de un debido proceso en casos de contratación y el incumplimiento de deberes, que de varias formas perjudicaron a los consumidores. Conarroz no solo administra fondos públicos, sino que se pudo afectar el precio a los compradores", declaró Calvo.

El caso se tramita bajo el expediente 04-21306-042-PEl en el Ministerio Público.

Arroz sin cocinar

El presidente de Conarroz, el exdiputado Óscar Campos, aseguró que la entidad rectificó varios de los cuestionamientos.

"Yo no estaba cuando salió el informe, pero lo consideramos saludable, propicio para corregir algunos aspectos del accionar de Conarroz", dijo Campos.

No obstante, aseguró que en algunos asuntos la Corporación no era responsable de los señalamientos realizados. "El Gobierno derogó el transitorio del decreto que creó el fondo, reconoció tardíamente que había 'embarcado' a Conarroz, al proponer un mecanismo con debilidades legales", dijo.

Los productores habían solicitado en el 2001 extender una salvaguardia establecida en el artículo XIX, del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). El Gobierno propuso un subsidio para los productores.

Adicionalmente, Campos aseguró que todavía debe ventilarse en la Sala Constitucional si el entonces contralor Alex Solís no cumplió con el debido proceso.

Cambiando la receta

Pero el informe de la Contraloría y la denuncia de la Asociación de Consumidores Libres también apunta a la falta de reglamentación adecuada.

Para la Contraloría, faltan reglamentos que regulen los contratos; para la Asociación, la naturaleza de ente público no estatal obliga a Conarroz a regirse por la Ley de administración pública. La Asociación destaca la ausencia de licitaciones para varias contrataciones.

Al respecto, Campos indicó que la redacción de los reglamentos se encuentra a un 90%. "Faltan detalles que no son de nuestro resorte, como publicación de decretos", dijo.

Aseguró que también se modificarán los modelos de costos a fin de garantizar independencia. Para esto -dijo-, se firmó un convenio con el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica para un modelo econométrico de consumo. "También esperamos que la Escuela de Economía Agrícola nos ayude con un modelo de costos", resaltó.

Campos guardó distancia con respecto a las críticas por la falta de licitaciones. "Si hay más de un 50% de recursos generados de manera privada, se pueden hacer contrataciones, siguiendo los principios presupuestarios, pero de manera abreviada", dijo.

Pero ahora este caso deberá cocinarse en la Fiscalía. Y se trata de más que una denuncia administrativa, ya que puede sentar un precedente para el manejo de la actividad arrocera del país.

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