EDITORIAL

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Un cuento de nunca acabar

Cuando los hechos son por sí mismos claros, concretos y relevantes, no requieren un comentario. Las conclusiones caen por su propio peso.

Lo dicho se ejemplifica en un reportaje, esta semana, del periodista Carlos Cordero Pérez, de El Financiero, sobre el sistema de cómputo del Ministerio de Educación Pública (MEP), en que de la lectura se siguen, por la contundencia de los hechos, la ira y la angustia.

La ira, por la reiteración de tanta negligencia e imprevisión en el sector público, como lo demuestran los reportajes y editoriales sobre la materia, y la angustia porque no se vislumbra siquiera un resquicio de luz o de autoridad para poner coto a este verdadero asalto contra el fisco y contra los contribuyentes, que, además, repite, fielmente, el mismo patrón.

Enumeremos, en forma sucinta, algunos hechos: en 1993 -para mayor claridad, hace 12 años- echó a andar, en la administración Calderón Fournier, una licitación para adquirir un programa, equipos y red para implementar un sistema integral para el procesamiento de información de personal.

Este proyecto, como veremos, se fue en solemnidad lingüística porque, en cuanto a resultados, ha sido un fracaso. Después de cuatro años, la licitación fue declarada desierta. ¿Por qué? Por una causa principal: ineptitud de los responsables. En 1997, se tramitaron tres licitaciones con igual fastuosidad idiomática, ganadas por GBM. En diciembre del 2001, en la administración Rodríguez Echeverría, la Contraloría refrendó el contrato.

En el 2003, bajo el reinado de don Abel Pacheco, todo se derrumbó, y el Magisterio, molesto y burlado por el desorden imperante en los pagos, realizó una huelga por cinco semanas. Al atraso en los pagos, hasta por dos meses, se impuso la lógica: el exceso en los pagos por la bicoca de ¢2.500 millones. Junto con el sistema, la ministra Ástrid Fischel cayó.

Y, para no cansar a los lectores con el cuento, lo cierto es que, a estas alturas del partido, en febrero del 2005, a pocas horas del nuevo curso lectivo, el edificio sigue desquiciado, lo que provocó, en el 2004, pagos de más a los educadores por ¢980 millones por problemas, según los expertos, de automatización e integración de los sistemas informáticos del Ministerio, dados la centralización administrativa y los errores del software de pagos.

Se comprueba, otra vez, que la ampulosidad del lenguaje es inversamente proporcional a la eficacia del sistema.

Sobra decir que el descubrimiento de este sobrepago fue obra de la Contraloría General de la República, cuyo informe se explaya en críticas por este rosario de torpezas.

Para algunos funcionarios del MEP, al parecer, no debemos sobresaltarnos por cuanto esta situación de pagos es normal en las instituciones públicas y, en el MEP, todo se origina en el tamaño de las planillas. Si es así, no nos estresemos por un gasto adicional de ¢300 millones para arreglar los desafueros del sistema del 2003 ni por la búsqueda de pretextos ni por la pugna vigente entre la empresa proveedora y el MEP por la responsabilidad correspondiente sobre este asunto. Un guión conocido.

Lo cierto es que, como lo demuestran numerosos reportajes, la tecnología, en el ámbito del Estado, en vez de ser instrumento de eficiencia, orden y progreso, se convierte, en manos inadecuadas y desprecio de las normas básicas de planeamiento, control, evaluación y rendición de cuentas, en fuente de desorden, despilfarro y, generalmente, de impunidad. Los ejemplos abundan y la dificultad del Gobierno para justificar la reforma fiscal se agranda.

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