EDITORIAL

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Inflexibilidad laboral

Contar con jornadas laborales flexibles, es un objetivo impulsado por el sector empresarial y por quienes pretenden incrementar y sostener la inversión extranjera directa, así como mejorar el clima de negocios para las empresas nacionales.

El fin es que cada empresa, según sus características, pueda fijar horarios flexibles a sus trabajadores, lo cual implica un cambio en el Código de Trabajo vigente. Una iniciativa, bien gestionada, representaría un beneficio no solo para el sector productivo, sino, también, para los trabajadores, quienes podrían contar con jornadas acordes con sus necesidades familiares, principalmente ante la tendencia de que ambos cónyuges laboren fuera del hogar.

El Código de Trabajo tiene seis décadas de vigencia. Se tradujo en su momento en una importante conquista social, cuyos principios y filosofía pueden mantenerse, pero ajustarse a las necesidades de una sociedad y un mundo muy distintos al de esa época y en constante y dinámico cambio.

Sin embargo, el sector sindical, amparado por el temor y falta de liderazgo de los responsables de esta iniciativa en el Poder Ejecutivo, ha frenado continuamente la iniciativa y, ahora, según reporta nuestro periodista Mario Bermúdez en esta edición, todo parece indicar que quedó sepultado definitivamente para lo que resta de esta administración.

¿Por qué razón desdeñar jornadas de 12 horas --que muchas veces se dan en la práctica-- otorgando al trabajador un descanso semanal de tres días luego de cuatro jornadas continuas de trabajo, si con esto siempre se está respetando el máximo de 48 horas por semana que fija el Código de Trabajo y que no se ha propuesto eliminar? Muchísimas familias se beneficiarían de este sistema, y las empresas lograrían mayores eficiencias que las mantendrían en capacidad de competir y mantenerse brindando empleo.

La tesis de algunos líderes sindicales nacionales y organizados a escala centroamericana es que la flexibilización laboral implica más explotación, más trabajo con menos remuneración y menores condiciones, protecciones y seguridad, y es una fuente de discriminación contra las mujeres. Alegan además que esto impide una menor libertad de asociación y sindicalización.

Dudamos que una iniciativa como la que se discutía tuviera la capacidad de generar, por sí misma, tal cantidad de problemas, sobre todo tomando en cuenta que los objetivos se dirigían a a ampliar la jornada laboral dentro del límite de las 48 horas y permitir a las empresas distribuir las horas laborales (2.400 al año) según la época de mayor o menor demanda de sus productos.

Nos preocupa que la dirigencia empresarial reduzca sus esfuerzos en favor de esta iniciativa y adicionalmente es inconcebible que el Ministro de Trabajo, quien hace pocas semanas exteriorizó su interés de impulsar el proyecto, ahora se repliegue.

Estas actitudes no hacen más que aumentar la incertidumbre del sector empresarial y afectar las decisiones de inversión y reinversión en las empresas, las cuales, de por sí, están inmersas actualmente en un clima incierto en torno a las nuevas reglas fiscales --dado lo que sucede con la reforma fiscal en discusión-- y el clima comercial --ante la actitud del Gobierno con el Cafta--.

Nuevamente ocurre que una discusión técnica y legislativa concluye en nada. Transcurrieron dos años en que los diputados se dedicaron a cuestionar el proyecto, pero no tuvieron la capacidad para elaborar un texto que contara con más consenso, en espera de que el Gobierno lo enviara, lo cual no ocurrió.

Pero, sobre todo, es injustificable la miopía de nuestros líderes frente a las condiciones internacionales. Costa Rica sigue sin tener una visión de cómo pretende mantener y atraer inversión extranjera y aumentar sus exportaciones para los próximos años.

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