EDITORIAL

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Pensiones: avances y retos

Se están cumpliendo cinco años de la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador. Si bien desde 1995 se había dictado la Ley de Régimen Privado de Pensiones Complementarias, que estableció la figura de las operadoras de pensiones, no es sino hasta con la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador en el año 2000 que se le da un renovado impulso a los fondos de pensiones complementarias, principalmente debido al establecimiento del régimen obligatorio de pensiones complementarias y el fondo de capitalización laboral.

Se estima que el total de recursos administrados a diciembre del 2004 supera los US$1.000 millones, lo que revela la importancia de este régimen.

El proceso de implementación de la ley en sus primeros años no ha estado libre de problemas. Como se indica en la información sobre el tema incluido en la sección de Finanzas de esta edición, se calcula que hay alrededor de ¢5.000 millones en casos que presentan problemas, por errores técnicos o de procesamiento. Esto muestra que falta avanzar mucho en el perfeccionamiento del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), de manera que los errores se reduzcan al mínimo, los trámites sean más expeditos y la información relevante sobre las cuentas este disponible más rápidamente. Además, hay casi 900.000 personas que no están afiliadas a ningún régimen de pensiones, lo que muestra que hay mucho trabajo por delante en materia de promoción y educación, con el fin de extender la cobertura de los fondos de pensiones y hacer conciencia en la población sobre la importancia de ahorrar para el retiro.

La Superintendencia de Pensiones (Supen) ha ido desarrollando un marco regulatorio basado en estándares de aplicación internacional, lo cual es positivo. La experiencia en otros países demuestra que el negocio de las operadoras de pensiones es en gran parte un negocio de volumen, por lo que con el tiempo el mercado tiende a concentrarse en pocas operadoras. Sin embargo, nuestro país tiene la peculiaridad de que las operadoras públicas tienen un peso enorme, e incluso la ley privilegia a algunas de ellas con la afiliación automática de trabajadores en ciertos casos. Por ello, el regulador debe ser prudente y no excederse con regulaciones que tiendan a asfixiar desde este momento a las operadoras de menor tamaño.

También las autoridades reguladoras del mercado de valores y los fondos de pensiones deben renovar esfuerzos, en lo que les corresponda, para lograr aumentar la diversidad de emisiones de valores de oferta pública disponibles para inversión en el mercado nacional y, complementariamente, facilitar el acceso a valores de emisores extranjeros, sujeto claro está a las normas y parámetros que exigen los principios de la supervisión prudencial. Una mayor diversificación de los portafolios de inversión es un ingrediente esencial para fortalecer cada vez más los fondos de pensiones complementarias.

Otro tema muy importante, que requeriría posiblemente reformas a la ley actual, es la inclusión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social dentro de la competencia regulatoria y de supervisión de la Supen. Como lo indicaba el Superintendente de Pensiones en un artículo publicado en nuestra edición anterior, no debe olvidarse que los fondos administrados por las operadoras de pensiones son fondos complementarios, por lo que interesa a todos los asalariados que se garantice la solvencia y la sana administración del citado régimen, cuya sostenibilidad ha sido seriamente cuestionada.

En resumen, a cinco años del establecimiento del régimen obligatorio de pensiones complementarias y el fondo de capitalización laboral, se han dado logros muy importantes, pero quedan grandes retos por delante.

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