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Legislación | Cobertura, educación y planillas erróneas: lista pendiente

Ley de pensiones con grandes retos

Operadoras manejan recursos equivalentes al 6% del PIB

A cinco años de su promulgación, la Ley de Protección al Trabajador ha tenido avances tan importantes como los retos que tiene por delante.

En opinión de algunos expertos, la Ley sin duda reformó el sistema de pensiones del país al crear un régimen complementario al sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), lo que garantiza a los trabajadores una pensión más alta cuando se jubilen.

En teoría, se dice que el trabajador que ha cotizado sin interrupción al IVM se pensionará con un 60% de su salario y logrará de un 15% a un 20% más con la pensión complementaria.

Este fondo adicional, además del de capitalización laboral, es administrado por las operadoras de pensiones complementarias (OPC).

Pero, para lograr aquella estimación hay retos trascendentales: mejorar la cobertura del sistema, crear una cultura previsional entre la gente, reducir los errores en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja -que recibe y reparte los dineros entre las OPC- y fortalecer la gestión de esas empresas (véase recuadro: "Diagnóstico de la ley").

En eso coincidieron el titular de la Superintendencia de Pensiones (Supen), Javier Cascante; el director ejecutivo de la Asociación de Operadoras de Pensiones (Acop), Danilo Ugalde; el gerente de Vida Plena, Alejandro Solórzano, y el director del Sicere, Aristides Guerrero.

Quinquenio de cifras

Para ilustrar los avances y los retos de la Ley, se pueden utilizar algunas cifras.

En este momento, los regímenes de pensiones del país (incluidos los básicos, como el IVM, y los que manejan las OPC), administran US$3.221 millones, un 17% del Producto Interno Bruto (PIB).

De eso, las OPC manejan US$1.083 millones, un 6% del PIB.

Actualmente, existen ocho operadoras de pensiones, pero en los últimos cinco años han desaparecido tres, debido a la fusión de Solydez y Magister (del Magisterio Nacional), de Interfin y Banex Pensiones, y el cierre de Cuscatlán Pensiones. A su vez, nació una nueva: BCR Pensiones.

De las ocho, BN Vital, Popular Pensiones e Interfin Banex controlan el mayor volumen de recursos, incluyendo los fondos voluntarios, el régimen obligatorio complementario (ROP) y el de capitalización laboral (FCL), con un 33%, un 21% y un 20% del pastel, respectivamente.

Sin embargo, una aproximación bruta sobre el tipo de afiliados que tiene cada operadora -según su nivel de ingreso- nos demuestra que INS Pensiones tiene el mejor ahorro promedio por afiliado, superior a los ¢500.000. Le siguen Vida Plena y BCR con más de ¢300.000 (véase gráfico: "Ahorro promedio...").

Ese es un ingrediente más que ensalsa la ardua competencia que han experimentado estas empresas en el último año, luego de que se autorizó la libre transferencia de afiliados. Durante el 2004, se transfirieron 73.661 personas solo en el ROP, casi el 6% del total de afiliados.

Aun así, de los tres fondos manejados por las operadoras, el ROP ese el de mayor peso, superando los fondos voluntarios.

En el último año, el monto ahorrado en el ROP aumentó un 65%, pero las pensiones voluntarias más bien cayeron un 55%, producto de la crisis de precios de los títulos de deuda externa costarricense, ocurrida entre marzo y mayo del 2004.

Otro avance tiene que ver con la colocación de esos recursos.

Actualmente, un 18% de esos US$1.083 millones está invertido en títulos del secor privado, lo que significa que están financiando proyectos de bancos y empresas como el BAC San José, Banco Interfin, Florida Ice & Farm, etc.

No obstante, la Supen reconoce que aun ese nivel es bajo y por eso ha dictado normativas para mejorar la diversificación de los portafolios, en títulos del sector privado locales y extranjeros.

Las mismas OPC se quejan de la falta de instrumentos de largo plazo para invertir, pues todavía tienes sus portafolios muy concentrados en bonos de Hacienda y el Banco Central (un 82%).

Por cierto, que ese incremento en la calidad y la cantidad de normativas prudenciales sobre las OPC se apunta como otro avance de la ley.

Pero, aún quedan otros retos.

Un 55% de la población económicamente activa (944.000 personas) no están afiliadas a ningún régimen de pensiones actualmente; un 1,5% de las planillas que llegan al Sicere tienen errores (cerca de ¢5.000 millones) y, finalmente, se calcula, que si no se reforma en los próximos meses, en el 2023 el IVM se convertirá en un régimen de reparto puro, pues lo que ingrese será repartido entre sus afiliados.

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