|
|
Archivo | |
|
Indicadores | |
Lun 21 feb, 2005 - Dom 27 feb, 2005 | |
Escríbanos | |
 Lo más reciente Actualidad Editorial Opinión Informe Especial Entrevista Negocios Finanzas Tecnología Economía Istmo Legales Gerencia Estilos de vida
|
Infraestructura | Conavi reconoce error en diagnóstico que freno pagos por 4 años Rumbo a epílogo historia de Constructora Belén Ana Cristina Camacho S. Empresa demandó a funcionarios del MOPT Hace 4 años el MOPT se negó a pagar US$7 millones a la Constructora Belén; hoy el Ministerio parece reconocer que cometió un error pues devolvió garantías de cumplimiento por un valor de ¢109 millones. El caso se refiere al asfaltado de la carretera de Tárcoles, Jacó y Loma que se encargó a esta empresa. Dos informes --uno de mayo del 2004 y otro de noviembre último, ambos gestionados por el MOPT-- coinciden en que la carretera cumple con las expectativas del diseño contratado, a diferencia de otro emitido en el 2000 que sustentó el rechazo de la carretera. Este informe, en buena medida, le costó el negocio a Constructora Belén. La firma se encuentra actualmente en convenio preventivo de acreedores, con el fin de finiquitar sus deudas. El caso parece que concluirá definitivamente cuando se resuelvan siete procesos judiciales en que la empresa reclama US$4 millones, por esta carretera y por otras obras. También existe una demanda penal contra los miembros del Equipo Técnico Asesor (ETA) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y su auditoría los cuales emitieron el informe del 2000. Los dueños de la empresa también viven otra historia de enmiendas y ajustes. En el 2003 el Ministerio de Ambiente (Minae) suspendió las operaciones del tajo donde obtenían los materiales, ubicado en Pozos de Santa Ana. El pasado 7 de febrero la Sala IV ordenó al Minae levantar la medida cautelar la empresa quedó en facultad de hacer uso nuevamente del tajo Hermanos Ramírez Crespo, propiedad de los mismos dueños de Constructora Belén. Dos informes, dos opiniones El ETA y la auditoría del MOPT fueron concluyentes hace 4 años: la carretera construida por Constructora Belén era inservible y duraría unos dos meses. Tras sus recomendaciones, el MOPT se negó a recibir y pagar la carretera y el Estado dejó de contratar a la firma. En noviembre pasado el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica (UCR) concluyó lo contrario a ETA: el pavimento construido cumplía con las expectativas del diseño original contratado. Este estudio se realizó a petición del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). La Constructora había impugnado el estudio de ETA en el ámbito administrativo. Antes, en mayo del 2004, el Conavi recibió un dictamen del ingeniero de ese proyecto, Álvaro Ulloa, que permitió formalizar el acto de recepción de la obra. Ulloa explicó que la carretera estaba en perfectas condiciones y que los defectos encontrados corresponden al uso en los últimos cuatro años y a los seis años en promedio de las otras capas inferiores del pavimento. Con base en este informe Conavi devolvió ¢109 millones. Ramón Herrera, representante de la constructora, señaló que aún queda por resolver el finiquito del tramo Jacó-Loma, reajustes y actualización financiera del tramo ya recibido y reclamos pendientes por otras obras como la de Guacimal, Barú-Piñuela-Palmar y la de Los Santos (veáse recuadro: "Otros proyectos en pugna"). El Financiero llamó, sin obtener respuesta, a Alejandro Molina, director ejecutivo de Conavi, para conocer si administrativamente atendería los reclamos de la firma y qué proceso sigue la institución sobre aquel viejo informe. "Hemos sido injustamente perseguidos por problemas inexistentes", relató Herrera. Mayoría favoreció convenio Otro proceso paralelo que lleva la empresa se refiere al cierre ordenado por medio de un convenio preventivo de acreedores. La junta de acreedores se realizó el pasado 17 de setiembre con la presencia de 64 personas que habían legalizado sus créditos ante el Juzgado Primero de Mayor Cuantía, entre ellos cinco entidades bancarias. El total adeudado es de ¢2.438.333.449. Dos de los presentes votaron negativamente por lo que sus casos serán cerrados en los tribunales. Otros aceptaron que se les pagara una vez que sean resueltos los contenciosos administrativos y el Estado cancele las deudas que reclama la empresa. "Del total de votos positivos emitidos en la junta equivalen a la suma de ¢1.970 millones", explicó Luis Eduardo Herrera, socio de la constructora. Otras deudas ajenas al convenio fueron canceladas por los socios con la venta de fincas, equipo y otros activos muebles e inmuebles.
|
Servicios De nuestros anunciantes
Alianza Hoteles Hampton Inn y restaurantes, para su comodidad |
 |
|
|
|
|
 |
¿Quiénes Somos? | |
Condiciones de Uso | |
Privacidad | |
Anúnciese en la versión impresa de El Financiero y Capital Financiero |  |
|
© 2005 El Financiero y Capital Financiero. El contenido de El Financiero y de Capital Financiero no puede ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la autorización previa y por escrito de El Financiero o de Capital Financiero. |
