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Lun 27 jun, 2005 - Dom 3 jul, 2005 | |
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Legislación | Reglamento para implementar compras del sector público sigue pendiente PYME quiere vender y no puede Juan Pablo Ferrari Industriales piden fijar porcentajes de compras Las pequeñas y medianas empresas (PYME) siguen sin consolidar su participación en las compras del Estado y este, a su vez, desperdicia una oportunidad para diseñar algunas estrategias de desarrollo para el sector. Esto plantea un contrasentido frente a la prioridad que el Gobierno dice tener hacia ese 97,9% de las empresas que son micro, pequeñas o medianas. El reglamento que la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas establece y que obligaría a las entidades del Estado a destinar un porcentaje de sus compras a ese segmento, ni siquiera ha sido redactado. En opinión del vicepresidente de la Cámara de Industrias, Juan María González, lo que hay "es una falta de conciencia de dónde están los problemas y qué significa el alcance de la ley PYME". La viceministra de Economía, Martha Castillo, afirmó en tanto que un programa de acceso de compras del sector público que vaya más allá del papel requiere de un estudio minucioso del contexto legal y económico, lo que implica involucrar a otros actores del ámbito público. "Por ahora el ministerio elabora un estudio para determinar los impedimentos legales, administrativos o financieros que limitan el accionar de la PYME", comentó Castillo. Estado, un gran comprador El gasto ejecutado durante el 2004 de las instituciones públicas en el rubro de compra de bienes y servicios fue de ¢1.154,7 millones. Un monto considerable, sin embargo, ninguna entidad tiene registro en el que quede claro si se privilegió a una PYME como proveedora (véase recuadro "Egresos..."). "El objetivo es establecer una cuota adecuada para que una PYME participe de las compras del sector público por ello habría que acordar un monto con las instituciones públicas", detalló González. La ley PYME ya cumplió tres años y pese a que en la Dirección de Pequeña y Mediana Empresa (Digepyme) destacan sus logros reconocen que hay una deuda con el reglamento. "Hay que ir más allá y considerar un reglamento que incluya capacitación y encadenamientos", dijo Leonardo Campos, director de la Digepyme. Los más interesados Los más preocupados son el rubro industrial, el agroalimentario y el de tecnologías de la información y comunicación, porque sus bienes y servicios suelen ser los más requeridos por las entidades del Estado. Sus representantes afirmaron que el reglamento debiese diferenciar la participación de una PYME nacional de una extranjera. Para Federico Cartín, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic), más importante que la cantidad comprada por cada institución a una PYME es determinar cómo se distribuirá ese monto. "El umbral para que una PYME sea proveedor debe fijarse sobre totales por sector, algo así como una cuota por rubro. Un poco para alimentos, otro para tecnologías de información", precisó Cartín. A pesar de la falta de reglamento, el Ministerio de Economía trabaja con la dirección de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda en el diseño de un plan de incorporación de la PYME a Comprared, un mecanismo de compras del Gobierno Central. "Así se aprovecha la capacidad instalada y se evitan duplicidades y gastos innecesarios", explicó la viceministra. Una segunda etapa de este proyecto unificará un sola nómina para simplificar el trámite. También se prevé desarrollar un plan de capacitación a pequeños productores que entregue nociones de cómo venderle al Estado. Pero esto no parece ser suficiente. Los empresarios coinciden en que la ausencia del reglamento mantiene una ventana de oportunidades abierta sin que la pequeña y mediana empresa puedan asomarse, aunque quieran venderle al Estado y tengan cómo hacerlo.
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