EDITORIAL

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Gobierno ¿digital?

En nuestro sistema político y económico, el Estado ha jugado, juega y seguirá jugando un papel relevante como ente promotor, regulador y proveedor de una gran cantidad actividades y servicios públicos esenciales para la vida en sociedad.

Su intervención va desde garantizar la seguridad de las personas y proveer la infraestructura básica, hasta impartir justicia, supervisar diversas actividades, regular mercados y prestar directa o indirectamente servicios tan fundamentales como la educación, la salud, el agua potable, la electricidad o las telecomunicaciones.

Cualquier que sea la ideología que defendamos y el tamaño del Estado que consideremos apropiado, lo cierto es que todos coincidimos en que lo que aquél haga debe hacerlo bien, pensando siempre en satisfacer las necesidades de la ciudadanía y facilitando el acceso y la relación con los usuarios de aquellos servicios. Esa es, en última instancia, su razón de ser.

Ciertamente, la recurrente crisis fiscal del país y, sobre todo, la demostrada incapacidad de modernizar el Estado con el fin de adaptarlo a la realidad económica actual y a las transformaciones que han vivido Costa Rica y el mundo en las últimas dos décadas, nos ha deparado una administración pública deficiente, inoperante y totalmente distante de las expectativas que hoy día tiene la población costarricense.

Estamos conscientes de que para resolver este estado de cosas es indispensable un compromiso serio, una visión clara y un fuerte liderazgo, condiciones escasas en la clase política que nos ha gobernado en los últimos años, tanto desde Zapote como desde Cuesta de Moras. Sin embargo, siempre guardamos la esperanza de que algo pudiera hacerse, aún frente a las circunstancias más deplorables.

Por esa razón, en su momento recibimos con entusiasmo la noticia de una posible mejoría en las actuaciones de gobierno a través de la implementación de una "agenda digital", mediante la cual se pretendía difundir mejor la información entre la ciudadanía, interactuar electrónicamente con los usuarios de los servicios públicos, llevar a cabo transacciones electrónicas, optimizar los procesos burocráticos y también ejecutar otras iniciativas que buscaban aprovechar los adelantos que nos ofrece el desarrollo tecnológico.

Desafortunadamente, el informe especial que presentamos en esta edición, elaborado por el periodista Carlos Cordero, nos revela que pese a las promesas poco se ha avanzado en ese cometido y que los resultados obtenidos son, sin duda, todavía muy pobres.

En efecto, se echa de menos una visión integral entre las diversas instituciones del sector público y todavía muchas de ellas carecen de este instrumento tecnológico. De hecho, una encuesta reciente revela que el 26% de esas instituciones aún no cuentan con portal en Internet y que el 62% carecen de aplicaciones orientadas al público.

Además, en la mayoría de los casos, las entidades que sí cuentan con el servicio se limitan a ofrecer información sobre los trámites y requisitos burocráticos, que, sin embargo, siempre hay que realizar físicamente ante la dependencia correspondiente.

No debe sorprendernos, por ello, que, según diversos estudios, nuestro país se encuentre ubicado debajo de Chile, México, Panamá y El Salvador y en un lugar muy lejano de los países líderes: Estados Unidos, Suecia, Australia, Singapur, Japón y Taiwán.

El rezago del sector público en el campo tecnológico y en la implementación de la agenda digital debe preocuparnos a todos. En primer lugar, porque afecta directa y gravemente la calidad de los servicios que recibimos. Pero, además, porque ello muestra, una vez más, la indolencia con que las autoridades gubernamentales han asumido el reto del progreso y la reforma.

El funcionamiento adecuado del aparato público y el mejoramiento de los servicios que éste provee es indispensable para que la ciudadanía recupere la confianza en un Estado que, para muchos, solo constituye ya un estorbo adicional y una fuente constante de retrasos y problemas.

A falta de una verdadera reforma y modernización del Estado, al menos exijamos que éste aproveche a plenitud las múltiples herramientas tecnológicas que hoy están disponibles en muchas partes del mundo. Otros países de la región ya lo están haciendo mejor que nosotros. No hay razón para quedarnos atrás.

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