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Defensoría y Supen en nueva disputa por comisiones de OPC Ana Cristina Camacho Periodista El reglamento que regula las operadoras de pensiones y que permite el cobro doble vía comisión, por parte de la administradora de los fondos, fue duramente cuestionado este lunes 27 de junio por la Defensoría de los Habitantes, que lo calificó contrario a lo establecido en la Ley de Protección al Trabajador. La institución puntualizó que el artículo 49 de la Ley establece una única comisión por la administración de fondos. Sin embargo, el reglamento autorizado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) autorizó a las operadoras a cobrar dos comisiones, una sobre los aportes y otra sobre los rendimientos. Esto -dijo la Defensoría-, no justifica que una operadora cobre un porcentaje por el registro de los fondos que aportan los afiliados a sus cuentas. Sin embargo, en horas de la tarde el superintendente de Pensiones, Javier Cascante, explicó que la estructura mixta actual de las comisiones por administración se propuso luego de un análisis técnico, antes de remitirla a la Defensoría en su momento. Para Cascante, un análisis de las comisiones pagadas por el afiliado debe contemplar carreras salariales completas, y no evaluar cobros en un momento determinado, como lo habría hecho la Defensoría. El superintendente manifestó además que es falso que la Ley establezca el cobro de una sola comisión sobre los rendimientos como única opción, y que la comisión mixta se compone de un cobro máximo del 8% sobre los rendimientos de la cuenta individual y un cobro máximo del 4% sobre las aportaciones, vigente desde diciembre del 2002. Disputa Para la Defensoría de los Habitantes, la potestad contenida en el reglamento para el cobro de comisiones extras no tiene fundamento jurídico en la Ley de Protección al Trabajador y pidió que sea eliminado y además devueltos cerca de ¢1.470 millones. Cuando el reglamento fue elaborado por la Superintendencia de Pensiones (Supen), se dijo que la estructura de la comisión debía ser así, dado que el total de operadores de pensiones obtendría un nivel aceptable de rentabilidad hasta diez años después de iniciados los fondos (en el 2003). Además, se mencionó que la estructura de la comisión mixta por su parte tenía razón de ser, debido a que la rentabilidad sería positiva hasta el 2006. Sin embargo, ya para este año las operadoras dieron a conocer a la opinión pública (en mayo) sus ganancias de unos ¢300 millones, según la Defensoría. Esta entidad pidió al Consassif dejar si efecto el cobro de la comisión y la devolución de los recursos cobrados por concepto de administración según registro de aportes. La comisión por aportes en el 2003 representó más de ¢89 millones, en el 2004 ¢174 millones y lo que va de este año ¢1.204 millones. La Supen presentará los argumentos técnicos de descargo al informe de la Defensoría ante el Conassif, y una vez completado el debido proceso valorará las acciones a tomar. |
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