OPINIÓN

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Ilustración Arturo Escobar /Para El Financiero / archivo

Ilusionismo fiscal

Los múltiples cambios que ha debido soportar en las últimas semanas el proyecto de impuestos del gobierno Pacheco, han puesto en evidencia que lo que se había promovido como una iniciativa destinada a gravar la riqueza y promover una reforma fiscal estructural, no conducía ni a lo uno ni a lo otro.

Tal parece que poco a poco ha quedado en evidencia el acto de ilusionismo con el que se intentó hacer creer a la población que el paquete de impuestos era la solución a todas las carencias que aquejan al sector público.

Lo más lamentable es que se han perdido más de tres años y no se ha avanzado ni un milímetro en la solución de los severos problemas fiscales del país.

Entre las mayores irresponsabilidades de la comisión que ha manejado este proyecto, bajo el liderazgo intelectual de un diputado con escasos meses de haberse graduado como abogado, está el haber cedido a las presiones sindicales que impidieron a toda costa que se dotara a la Administración Tributaria de personalidad jurídica instrumental, de modo que pudiera ejercer sus funciones en condiciones de eficiencia y sin las restricciones que impone el obsoleto régimen de servicio civil que afecta el funcionamiento del Gobierno Central.

Si al menos esa hubiera sido una posición de principio mantenida por la presente composición legislativa, se habría vislumbrado alguna muestra de coherencia, pero resulta que en los últimos tres años se le ha dado personalidad jurídica instrumental a otros entes, llevando al absurdo de que se agiliza el gasto pero se entorpece la recaudación.

Modernos y flexibles

No existe ninguna razón de buena fe para negarse a que la recaudación se asigne a una agencia tributaria que cuente con instrumentos de manejo de personal modernos y flexibles, que pueda gestionar su presupuesto y sus adquisiciones en forma independiente, manteniendo su adscripción al Ministerio de Hacienda.

En tanto no se otorgue ese nivel de gestión desconcentrado, cualquier afirmación sobre el fortalecimiento de la administración tributaria no pasa de ser simple demagogia.

El problema del déficit fiscal crónico tampoco se soluciona con el paquete de impuestos, ya que la inmensa mayoría de los eventuales recursos que se generarían se comprometen a destinos específicos, ya sea la disminución de la deuda del Banco Central o la asignación obligatoria a programas de educación definidos con lujo de detalle por la iniciativa.

También han faltado abiertamente a la verdad los colaboradores del presidente Pacheco, al sostener que con el proyecto se aborda el tema de la calidad del gasto ya que las comisiones que se crean o deben rendir un informe dentro de 18 meses o se centran en la imposición de serios obstáculos a la gestión cotidiana del sector público.

Maratónica de mociones

La maratónica de mociones con excepciones a la aplicación del impuesto sobre el valor agregado a que se han abocado los diputados en los últimos días, revela que al final de cuentas quienes iban a asumir el costo de la reforma eran los consumidores y los productores de todo tamaño y de todos los sectores.

El simple hecho de haberse detectado ese gran engaño debería ser motivo suficiente para poner en tela de duda los motivos detrás de la reforma.

En el contexto actual de desconfianza sobre el buen uso de los recursos públicos, acrecentada con los casos objeto de investigación del Ministerio Público durante el último año, no tienen los señores diputados justificación alguna para imponer sobre el conjunto de la población un incremento de los tributos, como el que se propone con la aplicación del impuesto al valor agregado a todos los servicios.

Sin duda alguna, el paquete de impuestos ha sido tramitado en forma torpe y lo que pudo originarse en razones correctas degeneró en un ornitorrinco que cambia de figura cada día y que ha devenido en un texto completamente incoherente e ininteligible.

La mejor alternativa para que el actual Congreso no dilapide los pocos meses de labor que le quedan enfrascado en una discusión interminable sobre un proyecto inviable, es preparar una iniciativa de emergencia que incremente la tasa del impuesto de ventas (con las exclusiones de interés social actuales).

Además, que establezca un impuesto transitorio a los activos de las personas jurídicas y que se le dispense de trámites a esa iniciativa de modo que se apruebe en un plazo breve, con el propósito de que se desatasque la agenda legislativa y se supere la dilapidación de energías a que ha obligado este malhadado proyecto.

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