El diputado del Partido Acción Ciudadana Rodrigo Alberto Carazo calificó como peligroso el tratamiento arancelario para las armas que establece el sistema armonizado del Cafta, en su capítulo 93.

"El libre comercio para las armas de guerra y las municiones estimula un comercio riesgoso en un país como Costa Rica, cuya tradición antiarmamentista es importante".

Además, el acuerdo es regional y si bien la violencia no es un problema muy grave en Costa Rica, sí lo es en algunas de las naciones vecinas y signatarias del Cafta. "En la actualidad el gravamen es del 7%, perfectamente pudo haberse limitado más", opinó.

La viceministra de Comercio Exterior, Amparo Pacheco, dijo que el comercio de armas, dentro o fuera de los tratados, no se regula con aranceles o impuestos sino a través del cumplimiento de los requisitos de seguridad nacional de los países.

Por ello, consideró que el arancel es irrelevante. En Costa Rica la fabricación, uso, importación y el comercio de armas de guerra están prohibidos por la Ley de Armas y Explosivos.

Para el ingreso de cualquier otro tipo de arma al país, la ley exige un permiso del Ministerio de Seguridad Pública. "Ningún arma puede ingresar sin autorización".

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