EDITORIAL

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Compras del sector público: hora de cirugía

En las compras del sector público, especialmente las compras grandes, es imperativo conciliar diversos objetivos. Primero: el proceso de compra debe ser razonablemente rápido, pues la ciudadanía tiene derecho a recibir oportunamente los servicios públicos por los que paga con sus impuestos. No es razonable que tardemos dos años en levantar un puente peatonal.

Segundo: los productos o servicios adquiridos deben ser idóneos, desde el punto de vista técnico, de cara al objetivo de la institución compradora. De nada nos serviría el puente del ejemplo anterior, si en pocas semanas se hubiese deteriorado hasta el punto de ser inutilizable.

Tercero: el criterio de adjudicación de la compra tiene que considerar el precio ofrecido, pero no puede limitarse a dicho criterio; debe tomar en cuenta la calidad del producto ofrecido, el tiempo de entrega y el respaldo local que tenga el producto o servicio, entre otros criterios técnicos que deberán especificarse caso por caso.

Cuarto. La compra debe estar sujeta a una serie de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de la ley y que pongan cota a la corrupción y el tráfico de influencias.

Quinto: las responsabilidades de cada participante en el proceso deben estar claramente definidas; el incumplimiento de estas debe acarrear sanciones disciplinarias, responsabilidad civil y, cuando corresponda, responsabilidad penal.

Compatibilizar todos estos criterios requiere de una normativa bien estructurada, de una clara división de responsabilidades entre unidades ejecutoras y entes fiscalizadores y de una gerencia pública de alta solvencia técnica y ética.

Pareciera que en vez de ello tenemos una normativa engorrosa e ineficaz, una asignación confusa y mal diseñada de responsabilidades, así como signos inequívocos de incapacidad gerencial y de venalidad en la función pública que va desde las más altas esferas de decisión hasta los niveles operativos más bajos.

Por una parte ni los ministerios ni las instituciones autónomas tienen la capacidad de concluir actos administrativos ordinarios como son los procesos de compra, pues requieren para ello del refrendo previo del ente contralor. Por otra parte, este ente asume todo tipo de funciones, desde consultor gerencial hasta departamento de ingeniería que emite criterio sobre el material con que debe construirse una carretera, capaz si, de negar su referendo a un contrato -muchas veces con buenas razones- pero impotente frente al asalto cotidiano a nuestras instituciones

En este contexto, es comprensible la tentación de brincarse procedimientos y de crear estructuras paralelas, más ágiles que las oficiales, pero las consecuencias de caer en esta tentación han sido, casi siempre, funestas.

Es evidente que ya no estamos frente a un problema puntual, sino frente a una crisis sistémica; que no enfrentamos casos aislados de ineptitud y tardanza de un sector público estructuralmente incapaz de cumplir con sus funciones; que no enfrentamos unos pocos casos de corrupción, profunda pero excepcional, sino la sistemática destrucción de la integridad y la ética en la conducción de los asuntos nacionales.

Es hora de cirugía mayor.

De una revisión integral del cuerpo normativo y las prácticas institucionales

De una iniciativa nacional, seria y de largo plazo, para recrear un cuerpo de administradores superiores del Estado de primera categoría, con la misma capacidad técnica que los mejores administradores, ingenieros y consultores del sector privado. De rescate y reconstrucción de nuestro sector público.

No es una tarea sencilla. No será barata. No rendirá frutos sin antes haber requerido esfuerzo y valentía, ni sin haber impuesto su cuota de dolor. Razón de más para empezar cuanto antes.

Quizá la reciente elección de una nueva Contralora General de la República sirva como catalizador de un diálogo nacional, profundo y fructífero sobre estos temas. Seamos específicos: diálogo fructífero quiere decir diálogo que de paso, cuanto antes, a la tarea de reforma y reconstrucción que el país demanda con urgencia.

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