| Archivo | Indicadores | Lun 25 jul, 2005 - Dom 31 jul, 2005 | Escríbanos |
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Entre paréntesis: Si hay pa´todos Ana Cristina Camacho S Periodista
Cuando vamos a un restaurante podemos conocer, por el menú, los precios de cada platillo. Si vamos al cine las boleterías anuncian su costo. Lo mismo que un café Internet, cada producto en los estantes de un supermercado, la colilla plástica de la ropa en una tienda, el corte de pelo en una barbería... en fin, producto o servicio, todo parece que es susceptible a brindar la información correcta al consumidor en cuanto a su valor. En Costa Rica la legislación en defensa del consumidor ha evolucionado a buen ritmo: además del precio, sabemos la importancia de pedir factura, de exigir garantía, de demandar un buen trato e incluso de arreglar diferencias hasta por teléfono y lograr que nos devuelvan el dinero, nos reparen el daño o nos den un producto de calidad. Pero en mi opinión se falla en algo crucial: la indefensión del consumidor ante los servicios profesionales. Si hacemos el mismo ejercicio y vamos a un abogado a realizar una serie de trámites legales ¿sabemos de antemano cuánto nos va a costar aquella "broma"? ¿Ha visto usted algún bufete que ofrezca a su clientela información previa de los costos para cualquier gestión? Pues no. Los abogados se niegan a hacerlo porque lo consideran un acto vergonzoso, indigno para su digna profesión. Incluso, algunos han dicho ante la Comisión del Consumidor que no son ni carnicerías ni pulperías para colocar un rótulo en su lujosas oficinas con los precios que cobran para trámites de escrituras, autenticaciones de firmas y otros menesteres. Aunque existe una tabla de precios de referencia establecidos en los diferentes colegios profesionales, aún sigue siendo común la discrecionalidad. Con los médicos es un cantar parecido. Los pacientes deberíamos quitarnos ese tonto temor de pedirles facturas timbradas por los servicios -nunca baratos por cierto- que prestan en sus consultorios. ¿Por qué lo exigimos en una gasolinera, un restaurante o una tienda y donde el doctor no? Servicio es servicio, no importa de cuál se trate. Profesionales, técnicos o vendedores que ejercen actividades económicas independientes están obligados a dar factura a sus clientes. ¿Tenemos idea de cuánto dinero por impuestos de renta dejan de pagar estos galenos por aquella ingenuidad nuestra de no exigir factura? Me parece que la cultura por los derechos del consumidor comienza a afianzarse en el país pero aún nos falta mucho por recorrer. Está en nuestras manos -y nuestra conciencia- labrar ese camino. |
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