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La municipalidad asegura que el río Burío está contaminado con materia fecal en parte por los condominios y porque el 35% de la industria descarga sin tratamiento adecuado. Eddy Rojas/Para El Financiero/ArchivoPHOTOS.COMPHOTOS.COM

Construcción | Rechazó solicitud de agua a dos proyectos por eventuales carencias

Empresas inmobiliarias en pie de lucha contra Municipalidad de Belén

Aseguran que reforma a plan regulador es ilegal

La desarrolladora inmobiliaria Vivicon podría presentar un recurso de amparo ante la Sala IV en los próximos días, bajo la premisa de que se está violando el procedimiento para reformar el plan regulador del cantón de Belén.

Vivicon junto al Grupo Roble, otra empresa desarrolladora, resultaron afectados por la decisión del Concejo belenita de negar las solicitudes de disponibilidad de agua para sus proyectos de condominios. Sin este permiso se ven imposibilitados a obtener autorización para construir.

Vivicon considera que la Municipalidad no puede congelar permisos de agua porque hace meses iniciaron los trámites respectivos e incluso, en su caso, ya tenía el aval del anteproyecto.

Se trata de los condominios La Arboleda del Grupo Roble y de Paseo del Parque, de Vivicon (veáse recuadro: "Paseo del Parque en papel").

Leonard Ferris, presidente de Vivicon, considera la medida viciada de nulidad y separada del criterio legal del propio abogado del ayuntamiento.

Argumentos

En términos generales, la municipalidad se basó en investigaciones de la Universidad Nacional (UNA) y de Acueductos y Alcantarillados en los cuales se señala que la calidad del agua potable ha disminuido.

Esto porque, al parecer, los acuíferos están sometidos a contaminación de nitratos por materia fecal, aceites y combustibles.

Argumentó que carecen de planes maestros de alcantarillado sanitario y de un plan regulador moderno, pues el actual tiene diez años.

Además, destacó que hay un alto consumo de agua potable producto de los proyectos residenciales construidos en los últimos años y del acelerado crecimiento poblacional, lo que pone en riesgo la disponibilidad futura de este líquido.

A esto se unen problemas de infraestructura vial, educativa y de salud que según la presidenta del Concejo, Mariana Chaves, hacen impostergable un freno a nuevos permisos de construcción (veánse datos adjuntos).

Lo que dice el abogado

Cuando regidores y síndicos discutieron a principios de año cómo resolver la problemática del agua, Ennio Rodríguez, director jurídico del municipio, consideró inconveniente incorporar un transitorio para suspender permisos por 12 meses.

Para él, el transitorio no debería aplicar para aquellos desarrollos en trámite.

Además, promover una reforma parcial al plan regulador sin seguir el procedimiento establecido en la Ley No 4240, podría representar un problema jurídico.

Vivicon presentó el pasado 10 de mayo un recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante por el acuerdo municipal donde se le niega la disponibilidad de agua.

En este se refiere a la posición legal de Rodríguez pero también recuerda que desde octubre del 2003 iniciaron gestiones ante el ayuntamiento, realizaron estudios hidrológicos, ambientales, de suelos y otros para presentar su anteproyecto.

Este debió ser ajustado a petición de la Comisión de Obras e implicó para la empresa presupuestar ¢38 millones con el fin de construir un tanque elevado para suplir el déficit en la presión del pozo y mejorar los dos pozos que abastecen a la Ribera Alta.

Vivicon se comprometió a instalar una planta de tratamiento de aguas residuales y a comprar un terreno para fines comunales por ¢6,5 millones, esto último porque la Municipalidad también cuestionó el tema de responsabilidad social de la firma.

El Financiero supo que el Grupo Roble también interpuso su recurso de apelación aunque sus voceros prefirieron no referirse al asunto.

Según los planes, los condominios La Arboleda contarán con 1.000 casas.

Desmentidos

Al conocer la decisión municipal, el Consejo de Desarrollo Inmobiliario (CODI) que reúne a 19 empresas, expuso su opinión de la medida.

Su vicepresidente, Enrique Egloff, insistió en que, para hacer reformas al plan regulador, se requiere de un debido proceso y en ningún artículo de la Ley de Planificación Urbana se mencionan procedimientos para congelar o suspender el otorgamiento de permisos.

Por los altos riesgos financieros que implica el desarrollo inmobiliario, el empresario debe tener claro las reglas del juego y en el caso urbano, es el plan regulador el que crea ese marco reglamentario, dijo Egloff.

Del criterio ambiental que esgrimió el Concejo, el CODI reclama que es el "desarrollo lineal (viviendas individuales construidas a orillas de las calles) el causante de los mayores problemas de contaminación".

Menciona, además, el impacto de los tanques sépticos sobre todo si se estima que en la Gran Área Metropolitana hay un millón de tanques por encima de los mantos acuíferos.

Interpela también la interpretación que hizo la municipalidad sobre el estudio de la UNA, que afecta proyectos de condominios cuando en realidad se trata de tanques sépticos y de controles sobre la industria.

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