La promesa incumplida que supuso hasta ahora la discusión de una agenda paralela al parecer ya es realidad.
Al menos eso sostiene el Gobierno que ya cuenta con un documento formal que espera sea refrendado por las autoridades económicas, aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y discutido en la Asamblea Legislativa antes del 1 de julio próximo.
El programa de competitividad para acompañar al tratado de libre comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (Cafta, por sus siglas en inglés) aborda siete áreas (véase recuadro: "Agenda complementaria...").
Entre ellas, apoyo al pequeño agricultor, infraestructura cantonal, vinculación universidad-empresa, educación rural primaria, ciencia y tecnología, modernización de aduanas y apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
Cuatro de estas áreas serán financiadas con el préstamo del BID de US$116,8 millones.
Las tres restantes con otro préstamo del BID por US$14,4 millones, uno del Banco Mundial por US$30 millones y uno del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por US$47,6 millones.
El ministro de Hacienda y coordinador del Consejo Económico, Federico Carrillo, aclaró que la finalidad es fomentar la competitividad.
Agregó que las siete áreas serán enviadas en un solo paquete al Congreso, pese a que el préstamo para el agro del Banco Mundial y el del BID ya cumplieron con todas las instancias de revisión en el país.
Los inconformes
Si bien la agenda complementaria logró después de meses hablar un idioma común, todavía hay sectores que manifiestan su disconformidad.
Persisten las inquietudes de algunos empresarios y sectores agrícolas que todavía no ven reflejadas sus demandas y necesidades en este proyecto.
La mayoría señala que las propuestas oficiales responden exclusivamente al impacto del Cafta, y muchas de las carencias requieren una solución integral y un compromiso del Gobierno.
Román Macaya, director ejecutivo de la Cámara de Productos Genéricos, afirmó que trabaja junto a un grupo de pequeños agricultores organizados en una agenda propia.
La búsqueda de competitividad pretende encontrar oportunidades para aquellos que están fuera de la cadena agroexportadora que ya goza de beneficios y que ya tiene un nivel de experticia productiva.
Por su parte, Juan María González, vicepresidente de la Cámara de Industrias, consideró que los esfuerzos, si bien son válidos, no son suficientes.
A todos los proyectos que se han formulado habría que añadir otra buena cantidad de iniciativas en temas como electricidad, mejora reglamentaria, capacidad del Sistema Nacional de la Calidad, recurso hídrico y manejo de desechos.
La otra agenda
Además de proyectos para estimular la competitividad, el Gobierno debe impulsar una agenda de implementación de leyes que hagan posible la puesta en marcha del tratado una vez que sea ratificado.
Se trata de compromisos derivados de la negociación del acuerdo, como la apertura de telecomunicaciones y seguros, en cuyos proyectos de reforma continúa trabajando el Consejo Económico y su posterior debate en la Asamblea Legislativa (véase recuadro: "Agenda de implementación...").
Agricultura sostenible: US$17,6 millones
Objetivo: Incrementar los ingresos y mejorar la calidad de vida de los pequeños y medianos productores agropecuarios, a través del fomento de la competitividad agropecuaria sobre una base económica y ambientalmente sostenible.
Ejecutor: Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Duración: Cuatro años.
Aporte del BID: US$14,4 millones.
Contrapartida nacional: US$3,2 millones.
Componentes:
Producción Sostenible: US$8,8 millones.
Inversiones: US$6,3 millones.
Asistencia Técnica: S$ 2,5 millones.
Capacitación e Información: US$2,35 millones.
Capacitación: US$ 1,65 millones.
Sistema Infoagro: US$700.000.
Estudios de competitividad: $1,6 millones.
Modernización hacendaria: US$69 millones
Objetivo: Mejorar las condiciones del sistema hacendario nacional, fortalecer el régimen de aduanas e implementar un sistema tecnológico acorde con las exigencias comerciales del país.
Ejecutor: Ministerio de Hacienda.
Duración: Tres años (ejecución).
Aporte del BCIE: US$47,6 millones.
Contrapartida nacional: US$21,4 millones.
Componentes:
Modernización y ampliación de la plataforma tecnológica: US$7,6 millones (Sistema de Tecnología de la Información del Control Aduanero - TICA).
Consolidación y modernización de la administración financiera: US$6,2 millones.
Modernización de la administración aduanera: US$24,7 millones.
Modernización de la administración tributaria: US$4,3 millones.
Ciencia y tecnología: US$42,3 millones
Objetivo: Aumentar la productividad a través de la ciencia y la tecnología con el incremento de la capacidad de hacer innovaciones, mejorar la vinculación entre las empresas, universidades, institutos de investigación y laboratorios, y fortalecer el capital humano dedicado a tareas científicas y tecnológicas.
Ejecutor: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Duración: Tres años.
Aporte del BID: US$29,9 millones.
Contrapartida nacional:US$12,4 millones.
Componentes:
Modernización e innovación tecnológica en las empresas: US$9,45 millones.
Fortalecimiento de investigación y vinculación universidad-empresa: US$9,45 millones.
Fortalecimiento de capital humano (programas de becas de post-grado): US$ 8,6 millones.
Equidad y eficiencia educativa: US$42 millones
Objetivo: Reducir las brechas de calidad en la educación y mejorar la equidad y la eficiencia. La finalidad es disminuir la repitencia y la deserción escolar. La cobertura es la educación primaria rural y las zonas del país que serán prioritarias son las que definió el Plan Vida Nueva.
Ejecutor: Ministerio de Educación Pública.
Duración: Cinco años (desembolso).
Aporte del Banco Mundial: US$30 millones.
Contrapartida nacional: US$12 millones.
Componentes:
Calidad y equidad de la educación primaria rural: US$20,9 millones (infraestructura y mobiliario, capacitación de maestros, rediseño curricular).
Equidad de los servicios educativos: US$4,06 millones (programa de información que evalará el desempeño de las escuelas rurales).
Mejoras en la eficiencia institucional: US$4,65 millones (descentralización y trabajo integrado con otras áreas del sistema educativo).
Rehabilitación de caminos: US$57,6 millones
Objetivo: Relastrear los caminos cantonales bajo el modelo de Conservación Vial Participativa que supone un trabajo conjunto con las municipalidades y comunidades. La finalidad es que la red vial soporte el impacto climático del país.
Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Duración: Tres años.
Aporte del Banco Mundial: US$28,9 millones.
Contrapartida nacional: US$28,7 millones.
Componentes:
400 km de caminos cantonales que desembocan a la red nacional: US$14,4 millones.
1.600 km de red cantonal: US$43,2 millones.
Competitividad de las PYME: US$28,7 millones
Objetivo: Favorecer las ventajas de la apertura comercial entre las pequeñas y medianas empresas.
Ejecutor: Ministerio de Economía.
Duración: Cuatro años.
Aporte del BID: US$28,7 millones.
Contraparte nacional: Las PYME aportan entre 30% y 50% según categoría y tipo de proyecto.
Componentes:
Atención a las PYME: US$27,4 millones.
Del mercado local: US$5,4 millones
Exportadoras incipientes: US$8,2 millones.
Exportadoras maduras: US$13,7 millones.
Apoyo institucional: US$1,3 millones.
Comercio exterior: US$56,8 millones
Objetivo: Fomento del comercio exterior a través de recursos para sectores específicos que aprovechen sus ventajas y hagan eficiente y equitativa la distribución.
Ejecutor: Unidad interministerial.
Duración: Cuatro años.
Aporte del BID: US$28,5 millones.
Contraparte nacional: US$28,3 millones.
Componentes:
Fortalecimiento de la gestión de comercio:US$26,7 millones.
Asistencia para la transición al libre comercio: US$30,1 millones.
Fuente: Elaboración propia con datos oficiales.
Agenda de implementación para el Cafta
La reforma que impulsará el Ejecutivo como compromiso derivado de la negociación del Cafta contempla cuatro áreas:
Casas extranjeras:
Se debe promulgar un nuevo régimen legal que aplicará a los contratos de representación, distribución o fabricación. Ello implica derogar los artículos 2 y 9 de la Ley de Protección al Representante de Casas Extranjeras.
Telecomunicaciones:
Se trata de un anexo específico para Costa Rica que requiere promulgar un marco jurídico para el fortalecimiento y modernización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Además un marco regulatorio y el establecimiento de una autoridad reguladora. Todo previsto para la apertura de redes privadas e Internet en enero del 2006 y telefonía celular en enero del 2007.
Seguros:
También específico de Costa Rica, requiere promulgar un marco jurídico para la modernización del Instituto Nacional de Seguros (INS). Uno para la regulación y apertura y el establecimiento de una autoridad reguladora a más tardar en enero del 2007.
Propiedad intelectual:
Costa Rica requiere realizar ajustes en observancia, es decir el cumplimiento de las leyes, así como en marcas y patentes.
Además, debe ratificar el Tratado sobre el Derecho de las Marcas. El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos. El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales UPOV. Y el Tratado sobre el Derecho de las Patentes.
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