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Avances parciales a tres años de la ley PYME

El martes 17 mayo se cumplen tres años de la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME). La importancia de esta legislación es patente si se toma en cuenta que alrededor del 90% de las empresas en Costa Rica son PYME. A tres años de la promulgación de esta ley, si bien no se observan logros dramáticos, sí se aprecia algún progreso y deben reconocerse los esfuerzos desplegados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic). No obstante, hay mucho por avanzar.

La ley fue generosa en la creación de nuevas instancias institucionales, como es costumbre en nuestro país, Consagró el rol del Meic como órgano rector de las políticas públicas en esta materia; creó el Consejo Asesor PYME integrado por diez miembros representativos de varias instancias públicas y privadas y creó una dirección específica dentro del Meic para atender a las PYME. Ahora el Meic anuncia la creación de cinco oficinas regionales que han de servir como "plataformas de servicios" para PYME y en las que, según se anuncia, participará además la Promotora del Comercio Exterior (Procomer). Nos parece loable la intención de acercar a las PYME de zonas alejadas los servicios que requieren. Sin embargo, nos surge la duda de si se justifica realmente esta expansión, que seguramente implicará más gastos y más burocracia, en momentos de apremiante crisis fiscal. ¿Es realmente necesario crear cinco oficinas regionales para atender eficazmente a las PYME, cuando tenemos al menos dos bancos, el Banco Nacional y el Banco Popular, con una amplia red de sucursales y agencias a lo largo del país? Según manifiesta el Ministro de Economía en el informe sobre este tema que incluimos en esta edición, en un estudio del Meic se determinó que existen 52 instituciones públicas y privadas, con 211 programas de apoyo a las pymes. Siendo así, ¿ayudará realmente agregar nuevas oficinas regionales del Meic, o debería más bien pensarse en organizar mejor y aprovechar la infraestructura institucional ya existente? Tómese en cuenta también que el rol del Meic es de rector, no de ejecutor de las políticas de apoyo a las pymes.

En la parte financiera, la ley creó el Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Propyme), un fideicomiso administrado por el Conicit para apoyar la innovación tecnológica. También se creó un fondo administrado por el Banco Popular, el Fondo Especial para el Desarrollo de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme), que comprende a su vez un fondo de avales y garantías y otro de créditos. No es posible todavía juzgar la forma en que han operado estos fondos, porque las colocaciones en estos primeros tres años no han sido significativas. Lo que sí debe evitarse es que el exceso de requisitos y la complejidad de trámites, típicos de las instituciones públicas en nuestro país, impidan que los recursos lleguen a las PYME que realmente los requieren de una forma expedita.

En el tema de compras del sector público, la ley le concede cierto tratamiento preferencial al disponer, por ejemplo, que en condiciones de igual precio, calidad y capacidad de suministros y servicios, las entidades públicas preferirán a las PYME de producción nacional al realizar sus compras. Sin embargo, a la fecha no se ha dictado la reglamentación sobre ese tema, lo cual impide también opinar sobre si estas preferencias realmente cumplirán su cometido. Es importante además recordar que las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los tratados de libre comercio suscritos por el país, a menudo imponen limitaciones a la posibilidad de discriminar a favor de ciertas empresas u oferentes por razón de su nacionalidad, aspectos que deben ser tomados en cuenta y valorados al dictar la nueva reglamentación.

Nos complacen los esfuerzos que se han hecho por mejorar la red de apoyo a nuestras pequeñas y medianas empresas. Ahora bien, por más oficinas de apoyo que se creen o asistencia técnica que se brinde, estas se ven muy afectadas por el exceso de requisitos y trámites en la administración pública, el costo y las limitaciones de los servicios públicos que se prestan en condición de monopolio y la deficiente calidad de la infraestructura en carreteras, puertos y aeropuertos. Entrarle a estos temas de fondo sería también una excelente forma de apoyar el desarrollo de las PYME en el país.


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