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MOPT da la razón a Constructora Belén
19 Mayo 2005, 04:20 PM

El pasado 3 de mayo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) acogió el recurso de nulidad absoluta interpuesta por los representantes de la agrupación de empresas Constructora Belén, Comesa y Dimón S.A. contra una resolución administrativa de esta cartera de julio del 2004 relacionada con el proyecto de la carretera Tárcoles - Jacó - Loma.

Al acoger el recurso, el MOPT y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) admiten que todos los cuestionamientos generados por la calidad de esa carretera a raíz de un informe de auditoría del MOPT hecho en el 2000, no eran correctos, lo cual libera a la empresa a cobrarle a la Administración algunos pagos pendientes que rondan los ¢226 millones.

Esta nueva resolución significa que el Estado archiva una petitoria para sancionar por ¢4.500 millones a la empresa y reconoce que las acusaciones que el grupo de ingenieros y expertos miembros del Equipo Técnico Asesor (ETA) manifestaron en sus informes, quedan sin efecto.

Una de tales acusaciones se refería a que debido a la calidad de la carretera ésta no duraría ni dos meses, pero éstas se mantienen en buenas condiciones después de cinco años.

"Con esta resolución se cierra un capítulo de persecución y arbitrariedad, acciones que lamentamos y que afrontamos de manera correcta en la defensa propia, logrando la exoneración total de todas las acusaciones que se nos hicieron" reflexionó Ramón Alberto Herrera Rivas, socio y representante legal de Constructora Belén.

La empresa entró a un proceso de convenio preventivo de acreedores, en setiembre pasado realizó la junta y solo espera que el Estado le cancele las deudas por las obras para poder pagarle a sus acreedores.

Esta empresa realizó trabajos por el Estado por 40 años pero por los problemas suscitados en este proyecto, el daño a su imagen y el hecho de que el MOPT no le contratara más se vio obligada al cierre comercial. Todavía están pendientes de resolver contenciosos administrativos y demandas penales contra los miembros del ETA por aquellos informes, hoy invalidados.

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