INFORME ESPECIAL

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Formas de inclusión: mejorar el acceso y la permanencia en primaria y secundaria, con ayuda social a quienes la necesiten. Foto archivo Grupo Nacion

Desarrollo | Propuestas para motivar el cambio

De los diagnósticos a las soluciones concretas

Educación y salud deben ser prioridad en acciones y recursos

Que las comunidades se organicen pero que a la vez las instituciones regionales tengan autonomía para resolver las necesidades es una de las opciones para combatir la pobreza y la desigualdad.

O bien, como lo plantea la socióloga Juliana Martínez, para construir una sociedad de bienestar, que se nutre de la interacción entre Estado, mercado y familias.

Los expertos consultados en Tribuna Pública coincidieron en que el país debe aumentar la inversión social y distribuirla en tajadas más grandes entre los que más lo necesitan.

A pesar de que Costa Rica es el sexto país de América Latina en inversión social per cápita (US$689), esta no ha logrado recuperar los niveles de los ochentas y tampoco detener la concentración y la polarización social. Por eso la socióloga Silvia Lara propuso, entre otras acciones, establecer una meta para que en dos años el país alcance una situación de cero pobreza extrema.

Según cálculos de la Cepal, esto sería posible si se entrega a cada hogar US$54 en promedio por mes, para sacarlos de la miseria.

También sugiere fomentar una política de empleo, apoyar las pequeñas y medianas empresas, y reformar las instituciones para que en lugar de implementar "planes de pobreza" promuevan "programas de inclusión social".

Educación y salud

Estas son dos de las áreas que requieren acciones prioritarias.

Lorenzo Guadamuz, asesor educativo internacional, propuso varias. La más importante consiste en una reforma educativa que vele no solo por la cobertura sino también por la calidad, con acciones como ir más allá de los 200 días, atender la educación secundaria y reformar la enseñanza en matemáticas, inglés y ciencias.

En este campo, el economista Juan Diego Trejos propuso duplicar el porcentaje del logro educativo de los jóvenes en secundaria a fin de que alcance el 70%, como en otros países.

Por su parte, el especialista en gestión de servicios de salud, Luis Bernardo Sáenz, propuso partir de la promoción de la salud como derecho humano fundamental y no en la enfermedad, como en la actualidad.

Esto implica, entre otras acciones, evaluar el financiamiento de sistema, hacerlo más atractivo, mejorar el modelo de atención -tanto de los Ebais como de hospitales-, eliminar la medición basada solo en la consulta y descentralizar las políticas, las metas y los controles, pero que la gestión se haga a nivel local con autonomía.

Esto permitiría que la atención se focalice en las necesidades que detecte cada comunidad, a partir de las cuales se asignen los recursos.

En el tema de calidad, el objetivo debería ser la prevención.

El sociólogo Miguel Sobrado dijo que la mejor forma de avanzar es con un Estado que haga la gestión social en forma eficiente, bajo el control de una comunidad organizada. Esto implica dos ejes: transferencia a quienes necesitan esa ayuda y creación de capacidades empresariales (véase recuadro: "Alfabetización...").

Autoridad social

Silvia Lara sugirió establecer una autoridad social para crear las condiciones financieras y vigilar el cumplimiento de metas sociales.

Sin embargo, Trejos sugirió romper la dicotomía entre política económica y política social, a fin de que los gobiernos hablen de una estrategia de desarrollo, cuyas decisiones se adopten en los Consejos de Gobierno, donde el Mideplan sea la secretaría técnica. Así, se eliminarían los consejos económico y social que, al final, uno subordina al otro.

Sobrado coincidió en que los problemas del país radican más en la incapacidad gerencial del Estado que en la carencia de recursos. Por eso avaló la propuesta de Trejos para reformar al Mideplan a fin de que pueda evaluar mejor el impacto de entidades de gobierno previo a la aprobación del presupuesto en el Congreso.

El economista Adolfo Rodríguez introdujo el tema de la inclusión a través de la cultura para obtener resultados de largo plazo. Esto implica desarrollar acciones para facilitar a la población un uso de su tiempo libre que promueva el vínculo social, y que tiene incidencia en la salud, la educación y la productividad.

Pero a corto plazo, coincidió en que el combate contra la exclusión requiere resolver el problema de los ingresos y de la riqueza, a través de mejoras en los salarios.

El logro de todas estas propuestas pasa por concretar el diálogo social, y para eso la socióloga Juliana Martínez propuso retomar las experiencias que permitieron la reforma a las pensiones y la Ley de Protección al Trabajador (véase recuadro: "Diálogo...").

Lara insistió en la importancia de ese diálogo para "blindarlas políticamente". Solo así las acciones sociales se mantendrán pese a cambios de gobierno.

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