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Lun 14 nov, 2005 - Dom 20 nov, 2005 | |
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Aeropuerto | Arbitrajes son un modelo poco amigable para el Estado Procuraduría desestima triunfalismo de Alterra Juan Pablo Ferrari Gestor ha obtenido menos indemnizaciones que las pretendidas La Procuraduría General de la República calificó como un triunfo parcial los arbitrajes ganados por Alterra contra el Estado, porque las indemnizaciones concedidas a la empresa son muy inferiores a las pretendidas inicialmente. De un total de US$117,1 millones exigidos por Alterra, el tribunal arbitral sentenció al Estado a pagar solo US$12,4 millones en siete de los doce procesos en los cuales ha sido condenado el Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac). El monto de las indemnizaciones tendrá que ser confirmado por la Sala Primera. La procuradora Ana Lorena Brenes destacó que dos de los fallos arbitrales aseguran que las suspensiones de obra en el aeropuerto fueron acordadas de manera unilateral por el gestor, incumpliendo el contrato. Último arbitraje Un ejemplo concreto para explicar el triunfo parcial es el resultado del último laudo del 2 de noviembre pasado. Alterra había solicitado US$15,7 millones en indemnización y solo se le reconoció US$381.487, monto que además la Procuraduría intentará declarar nulo. El gestor pretendía que el Cetac lo compensara por el impacto económico negativo ocasionado por el retraso, la desaceleración del proyecto y la suspensión de obras. Sin embargo, los árbitros rechazaron la mayoría de pretensiones de Alterra. Solo condenaron al Cetac a pagar los daños ocasionados por atraso en la orden de inicio de la nueva torre de control y en el proceso de expropiación de terrenos para las obras de remodelación y ampliación de las salas de abordaje oeste. Estos daños fueron en US$381.487. Papel de la Procuraduría En los tres primeros arbitrajes el Cetac contrató abogados para defenderse; sin embargo, una solicitud expresa del presidente Abel Pacheco terminó en un decreto que autorizó a la Procuraduría para asumir la defensa del Cetac. La Procuraduría no tiene la potestad de representar al Estado en un arbitraje, como sí lo tiene en un juicio, y menos a una entidad como el Cetac que tiene personalidad jurídica instrumental (no depende aparato central del Estado). Omar Rivera, procurador adjunto y responsable del caso Alterra, reconoció que también en la Procuraduría percibieron que el Cetac debía contar con asistencia jurídica. Sobre todo porque en los casos en los que se defendió de forma independiente, quedó en evidencia que no podía responder a tiempo. Dudas del proceso La procuradora reconoció la ventaja del sistema de arbitraje por su agilidad; sin embargo, aseveró que son poco amigables para el Estado (véase recuadro: "Arbitrajes ..."). Omar Rivera agregó que los arbitrajes con Alterra han sido irregulares porque en algunos se ha condenado al Cetac a pagar las costas personales (honorarios de abogados) y las procesales (costos del proceso), cuando el contrato establece en la cláusula 23 que esos gastos deben ser asumidos entre las dos partes litigantes. Por ejemplo, en el último laudo, el tribunal rechazó todas las pretensiones del gestor, pero condenó al Cetac a pagar las costas, con el argumento de que un fallo no puede perjudicar a terceros (los abogados). La Procuraduría rechazó este antecedente y presentó un recurso de nulidad porque a su juicio no se trata de terceros, pues los abogados son profesionales que la empresa contrató para formar parte del proceso. El turno del Cetac Aunque hay que esperar que los laudos arbitrales queden firmes y sean confirmados por la Sala Primera, Brenes opinó que el Cetac podría estudiar y evaluar técnicamente los eventuales daños y perjuicios provocados tras la paralización de las obras desde mayo del 2003. En ese sentido, la procuradora dijo que en su informe recomendará valorar la posibilidad de demandar o llevar a un proceso arbitral al gestor, aunque aclaró que esa decisión es exclusivamente del Cetac.
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