OPINIÓN

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El aeropuerto está secuestrado por Alterra

En 1998 se licitó la contratación de una empresa internacional para encargarse de operar el aeropuerto Juan Santamaría y construir las obras previstas en el Plan Maestro, mediante la modalidad de gestión interesada, una forma de concesión donde el Estado delega el funcionamiento en un operador, pero retiene la titularidad de las instalaciones y las políticas aéreas.

Fue adjudicado el consorcio AGI Costa Rica, transformado después en lo que es hoy Alterra, aun cuando se cuestionó la validez legal de tal modificación, ya que AGI, líder técnico del consorcio, fue sustituido por Bechtel, empresa con experiencia en construcción, pero no en manejo de aeropuertos.

La expectativa de que la empresa diera un manejo eficiente al aeropuerto y además cumpliera con el compromiso de lograr verdaderas reducciones en costos de operación, y una estructura de tarifas razonable, se esfumó cuando a fines de la administración Rodríguez Alterra logró que Cetac le aprobara (en mayo del 2002) tarifas viciadas por la inclusión de gastos improcedentes, que fueron objetados por la Contraloría. Un exministro calificó la decisión como "decreto de medianoche". Ya antes el dueño de Bechtel había logrado del Presidente un préstamo por US$12,4 millones para ayudar a financiar sus aportes de capital; o sea que, en lugar de traer recursos al país, más bien logró que le financiaran.

En 2002 Alterra suspendió arbitrariamente las obras del aeropuerto, y a pesar del dictamen vinculante de la Contraloría que en marzo 2003 ordenaba corregir las tarifas ilegales, se negó a hacerlo, en abierto desacato, del cual fue cómplice el Cetac. No solo incumplió Alterra el ajuste tarifario requerido, sino que lo usó como pretexto para suspender de nuevo las obras -paralizadas desde entonces- bajo el alegato de que se había roto su equilibrio financiero, aunque el director de Alterra declaró que existían los fondos necesarios.

Pretenden premiarla

El berrinche de Alterra de paralizar obras y de tener secuestrado un medio vital de transporte como el aeropuerto ha sido tolerado de manera increíble por el Gobierno, que ahora trata de premiarla con un addendum que le daría 80% de los ingresos distribuibles del aeropuerto -cuando el contrato establecía 64%-, y prorrogarle el periodo de manejo hasta 2026. El pretendido addendum causó la renuncia del viceministro de Transportes, presidente del Cetac, y de tres miembros del Consejo. Propone, además, que los costos a reconocer a Alterra sean los que la empresa determine, y no los precios del contrato. Pero según Alterra, han invertido en obras US$83 millones, mientras la contabilidad del proyecto solo refleja US$37 millones, debido a los sobreprecios que el gestor ha pagado a sus sub- contratistas, que son sus propios socios Bechtel-Edica.

Un jerarca de la empresa dice que con el addendum no habrá aumento de costos, pero es evidente que Alterra busca cómo le paguen sus sobreprecios y a la vez reducen el alcance de las obras. Así, el país pagaría más y recibiría menos.

La intención de Alterra es clara: además del addendum, reclamar pagos vía una docena de arbitrajes, uno solo de los cuales pide US$79 millones extra -por demoras causadas por la propia Alterra-. Afortunadamente no ha prosperado, pero preocupa que la resolución de arbitrajes depende de la voluntad, competencia y habilidad del Gobierno para defender el interés nacional, lo cual poco se ha visto. De otra manera no se explica su debilidad al tolerar que Alterra haya secuestrado el aeropuerto, incumplido el contrato y paralizado injustificadamente las obras por casi tres años.

Empresa guarda silencio

Lamentablemente no se ha prestado atención a estos graves hechos, Alterra guarda silencio ante los serios cargos formulados, no da cuenta de sus sobrecostos millonarios, ni las tarifas ilegales que sigue cobrando, después de 30 meses de haber sido objetadas por la Contraloría. Pretende conseguir un nuevo contrato sin licitación y quedarse hasta 2026, impidiendo en la práctica construir el nuevo aeropuerto que el país requiere.

El Gobierno tolera complaciente que el gestor incumpla, no exige terminar las obras que deberían estar concluidas y, ante la rapacidad de Alterra de lograr US$79 millones extra, y más, mediante agresivos arbitrajes, se allana y está dispuesto a premiarla.

Solo faltan inversiones en otra terminal de pasajeros, salas adicionales de abordaje, pista de rodaje y otras obras que en conjunto no pasan de US$35 millones. Teniendo el aeropuerto un ingreso de US$40 millones en 2006, que crecerá cada año, hay que preguntarse si conviene continuar con un gestor en rebeldía, que lleva 30 meses sin construir una sola obra, pero sigue recibiendo su pago. Resulta más caro retenerlo que prescindir de él. La terminación anticipada del contrato, para la cual habría plena justificación por los incumplimientos de Alterra, sería preferible al interés nacional.

A su vez demostraría que Costa Rica respeta y hace cumplir los contratos, que no deben someterse a renegociación política, como se ha pretendido desde los aciagos días de los decretos de medianoche del 2002, y se sigue pretendiendo a través de un addendum espurio.

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