OPINIÓN

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Calidad de medicamentos, un tema de todos

Por tratarse de un asunto de salud pública, la calidad de los medicamentos es un tema crítico. Quizá por ello, resultan desafortunadas las palabras de Álvaro Camacho, quien -en la edición No. 527 de El Financiero (15-21 de agosto del 2005) y bajo el título "Expectativa de vida y medicamentos genéricos"-, sugiere que las políticas relacionadas con medicamentos son un monopolio temático de quienes trabajamos en las disciplinas de salud.

Por el contrario, el tema nos concierne a todos: autoridades de Gobierno, cuerpo médico, industria farmacéutica de innovación y genéricos, pacientes; en fin, todos aquellos a quienes nuestro sistema de seguridad social garantiza acceso universal a los medicamentos.

La polémica, en este caso, no se justifica. Los estándares de seguridad, eficacia, identidad y pureza de los fármacos son determinantes para la salud pública. Por ello, la certificación de estas cualidades es una responsabilidad ética ineludible para todos.

En la búsqueda de ese propósito, instituciones de Gobierno y otros sectores encargados de velar por la legalidad y los derechos de los ciudadanos, como la Sala IV, la Defensoría de los Habitantes, la Procuraduría General y el Colegio Farmacéutico, han expresado múltiples criterios. Todos apuntan a un mismo fin: urge regular el comercio de medicinas en nuestro país, con pruebas científicas que, entre otras cosas, demuestren que un medicamento genérico se comporta, en el cuerpo humano, de la misma forma que un original.

Más que repartir pastillas

Garantizar salud pública es garantizar buena calidad de los medicamentos. Después de todo, no se trata de repartir pastillas o dispensar jarabes, sino de curar enfermedades o, mejor aún, prevenirlas. De nada sirve un medicamento, cualquiera que sea su precio, si no tiene el efecto terapéutico que se espera de él.

¿Y cómo se asegura una sociedad que los medicamentos genéricos son, en efecto, iguales a los medicamentos de marca o intercambiables con ellos? En términos generales, esto se logra mediante estudios de biodisponibilidad o bien de bioequivalencia. Existe una excepción para los casos calificados que ya han sido extensamente discutidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como es natural o al menos justo, estos estudios deben ser financiados por los laboratorios que pretenden comercializar un medicamento genérico. Después de todo, los laboratorios que descubren un nuevo fármaco, realizan largas investigaciones clínicas, mucho más costosas, extensas y complejas que, en algunos casos, alcanzan una duración de 12 años e inversiones de hasta US$800 millones.

El ordenamiento legal costarricense ha reconocido, desde hace tiempo, la conveniencia y necesidad de requerir estos estudios. Desde el 2001 nuestro tribunal constitucional indicó, con toda claridad, que el derecho constitucional a la salud impone al Estado la obligación de verificar la calidad de los medicamentos que pone a disposición de la población.

Aplaudo la reciente publicación del reglamento para la exigencia de las pruebas de biodisponibilidad y bioequivalencia, el pasado 4 de agosto en La Gaceta, a cargo del Ministerio de Salud.

Este es un muy buen paso en el acatamiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en esta materia.

Sin embargo, más importante que la publicación del reglamento, ahora es necesario que se aplique a una amplia lista de medicinas, con el fin de evitar que se convierta en "letra muerta".

No se ha muerto, pero...

Entre las responsabilidades pendientes sobresalen la definición de la lista de fármacos que deberá someterse a pruebas, la guía para la implementación de esos estudios y la forma en que se incorporarán nuevos medicamentos.

A propósito de esta problemática, un representante de los laboratorios que se opone a las mencionadas pruebas decía -literalmente- que "aquí no se ha muerto nadie" por falta de estas pruebas.

¿Habrá que esperar a que alguien se muera para que se empiecen a aplicar las pruebas que por sentido común, responsabilidad elemental y obligación legal deberíamos haber empezado a exigir hace ya varios años?

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