| Archivo | Indicadores | Lun 21 nov, 2005 - Dom 27 nov, 2005 | Escríbanos |
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Este sitio se actualiza constantemente. Para ver la última versión presione Actualizar en el menú de su navegador, o Control F5 en su teclado. Cámara de la Construcción reta a Ministro de Hacienda Ana Cristina Camacho Periodista La Cámara Costarricense de la Construcción no tuvo éxito en su plan de reunirse con el ministro de Hacienda, David Fuentes, para analizar el colapso de las carreteras del país y conocer cómo enfrentará Hacienda la orden de la Sala IV de canalizar la totalidad de los recursos al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para la reparación de la red vial. Esto porque el jerarca declinó darles una cita lo cual motivó a la Cámara a remitir de nuevo una carta a Fuentes para expresar su desacuerdo y aclararle que el criterio de los asesores legales coincide con la Sala Constitucional en cuanto a la obligación que tiene Hacienda de girar todos esos dineros provenientes de un impuesto a la gasolina creado específicamente para sostener las tareas de Conavi y garantizar una red vial en buen estado. Los recursos de amparo que la Sala IV falló a favor en mayo pasado fueron presentados precisamente por la Cámara de la Construcción y la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica. Los datos de la Contraloría señalan que para el 2006 producto del impuesto único a la gasolina y del 50% de la recaudado por el marchamo Conavi debería contar con ¢62.000 millones pero Hacienda solo ofreció girar ¢23.658 millone, un 40%. La cifra es baja si se toma en cuenta que solo para reparar caminos destruidos por las recientes inundaciones, el país requiere de ¢16.000 millones, esto sin contar el colapso en que se encuentran otras carreteras del país. Hacienda insiste que debido a la situación fiscal del país, no es posible girar todo el dinero. El pasado 18 de noviembre la Cámara de la Construcción advirtió a Fuentes que se organizarán para realizar "todas las acciones necesarias con el fin de que las resoluciones constitucionales sean respetadas", lo cual incluye la posibilidad de que los funcionarios públicos que desacaten la orden sean procesados por el delito de desobediencia según lo establece la Ley de Jurisdicción Constitucional. |
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