OPINIÓN

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La verdad no peca en el caso del aeropuerto

Estoy en el proyecto del aeropuerto Juan Santamaría desde que comenzó, por lo que puedo señalar con conocimiento de causa las inexactitudes argumentativas del señor Rodolfo Silva (en el artículo de opinión que publicó en la edición No. 540 de El Financiero, 14-20 de noviembre).

Primero, lo obvio: Alterra ha contestado y explicado su posición en múltiples publicaciones en los medio de comunicación y en procesos jurídicos.

1) La verdad es que los socios de Alterra son los mismos miembros del consorcio adjudicatario. El Consorcio AGI fue el ganador de la licitación pública internacional No. 01-98 y sus miembros son hoy día los únicos accionistas de Alterra. Mal informa Silva, al confundir el cambio de razón social de la sociedad gestora, constituida con posterioridad a la adjudicación, con los miembros del consorcio. Bechtel no maneja el aeropuerto, lo maneja la empresa Alterra con el respaldo y soporte técnico de sus accionistas, incluyendo a AGI, operadora de aeropuertos de reconocida trayectoria.

2) La verdad es que el aeropuerto sí ha tenido un manejo eficiente. Alterra ha ganado como empresa operadora dos premios internacionales, compitiendo con aeropuertos de primer mundo. Además, cuenta con una de las primeras certificaciones ISO 9001-2000 para un aeropuerto en el mundo.

3) La verdad es que no existen tarifas ilegales. El modelo tarifario fue desarrollado por el Gobierno. Pretender que todo número incluido en el modelo es un precio firme, o tope, es un cambio material al cartel. Ejemplo: El cartel solicitó una proyección a 20 años de los gastos de operación y con el cambio de criterio del Estado se nos dice que la proyección es vinculante para los 20 años. A mayor abundamiento lo refiero al Informe del Órgano Director del Procedimiento Administrativo que el CTAC conformó al efecto: ".los anteriores argumentos del ente., se deben a la interpretación que este le ha dado al (contrato), partiendo de premisas o supuestos contrarios a las reglas de la ciencia y la técnica financiera en relación a la interpretación del contrato".

4) La verdad es que todos los gastos de la empresa están auditados por firmas internacionales de contadores públicos y son consecuentes con un presupuesto anual, que revisan y aprueban cada año los bancos financistas.

5) La verdad es que Silva calumnia al presidente de Bechtel al insinuar un supuesto préstamo para financiar el capital. Nunca se le ha pedido un préstamo al país. Se difirieron US$12,4 millones de ingresos que el proyecto no generó por cambios de la administración en la metodología tarifaria desde el mismo inicio del contrato.

6) La verdad es que al día de hoy se han aportado US$125 millones: US$90 millones de los bancos y US$35 millones de los accionistas (auditados).

7) No es verdad que Alterra suspendió las obras arbitrariamente. Se suspendieron porque las condiciones financieras del contrato fueron cambiadas unilateralmente por el Estado, lo cual, si bien es su derecho soberano, está acompañado del derecho constitucional del contratista a que se le equilibre financieramente ante esos cambios en la ecuación contractual.

Sin berrinches

8) No es verdad que se maneje el aeropuerto basado en berrinches. Alterra lo maneja basado en la legalidad de un contrato que suscribió con el Gobierno, que cuenta con el refrendo contralor y que debe respetarse.

9) No es verdad que se haya secuestrado el aeropuerto. Trabajamos con y para el Gobierno en la administración del aeropuerto basados en el contrato y en las leyes costarricenses.

10) El contrato contempla un artículo de resolución de disputas. Al igual que Alterra se apega al sistema legal, Silva debe respetarlo. Le aseguro que los arbitrajes no son parte del plan de negocios de Alterra y que Esta no vino a Costa Rica a recuperar sus inversiones a través de arbitrajes.

11) No sabemos a qué decretos de media noche se refiere. Si tiene alguna denuncia fundamentada en hechos, hágala donde corresponde.

12) Efectivamente rescindir el contrato es una posibilidad que la ley y el contrato contemplan. Llama la atención que un pequeño grupo de opositores del proyecto insistan en esta opción, como si lo importante fuera dejar el campo abierto para que alguien más opere el aeropuerto, en lugar de proponer vías que permitan al país continuar desarrollando lo que ya inició.

Los problemas se hubieran evitado si los entonces funcionarios públicos responsables hubieran diseñado un cartel licitatorio claro y que contuviera al menos, el modelo de contrato de gestión interesada.

Quienes desaprovecharon la oportunidad de mejorar la infraestructura del país deben asumir su responsabilidad, dejar de lado las presiones y argumentaciones irracionales y permitir que se desarrolle la infraestructura que tanto urge.

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