| Archivo | Indicadores | Lun 10 oct, 2005 - Dom 16 oct, 2005 | Escríbanos |
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Asumamos el reto Las telecomunicaciones son cruciales para el futuro de Costa Rica. Eso siempre ha sido así, pero resulta dramáticamente cierto en la era de la información y el conocimiento, si es que el país quiere seguir avanzado en la atracción de empresas de alta tecnología, en la exportación de servicios, en el comercio de bienes de mayor valor agregado, y en la expansión del turismo; es decir, en los sectores en donde se crearán los puestos de trabajo de las generaciones más jóvenes y que están dispuestos a reconocer las ventajas que ofrece una población más productiva, educada y capacitada. La llamada integración inteligente con el mundo, que tanto hemos pregonado y promovido, requiere, necesariamente, de un desarrollo adecuado en este campo. Nadie podría negar que en la segunda mitad del siglo pasado, el país hizo adelantos significativos en el área de las telecomunicaciones y que mediante la construcción de una amplia red de cobre logró atender parcialmente el reto de garantizar un acceso generalizado a estos servicios: en el 2000, el 54,3% de la población y el 36% de la población rural tenían acceso a la telefonía fija, mientras que un 11,2% de la población y un 5% de la población rural tenían acceso a la telefonía celular. Sin embargo, lo que hoy estamos haciendo es irrefutablemente insuficiente para asegurar un futuro exitoso, como lo demuestra el preocupante atraso tecnológico que padecemos. En Costa Rica las telecomunicaciones se encuentran rezagadas incluso frente a países que antes liderábamos, en especial porque no se ha logrado construir una infraestructura de banda ancha, indispensable para mejorar el acceso local a Internet y transmitir grandes cantidades de información a altas velocidades, pero también porque una gran mayoría de costarricenses -más de un 90%- todavía no tienen acceso a Internet y porque dichos servicios se encuentran concentrados - también en un 90%- en la región central del país. En otras palabras, con los instrumentos que tenemos, el país no ha sido capaz de cerrar la brecha frente a los países ricos ni entre los diferentes estratos de la sociedad. Las causas de lo anterior son múltiples: insuficiente inversión como consecuencia de las penurias fiscales, miopía de los dirigentes y de los sindicatos del sector para aceptar una realidad tecnológica que impone la apertura, y, también, es necesario recordarlo, la corrupción que imperó en muchas de las decisiones "técnicas" y "políticas" que se tomaron en años recientes. El esquema vigente se está convirtiendo, así, en uno de los principales obstáculos para el progreso del país. Además, el vertiginoso avance tecnológico hace irrisorio seguir insistiendo en el monopolio estatal. Por ello, de cara al tratado de libre comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (Cafta, por sus siglas en inglés) es oportuno cuestionarse el papel que el Estado costarricense debe jugar en los años venideros. No se trata de asumir poses ideologizadas ni de repetir discusiones cansinas. El mundo de las telecomunicaciones cambió y hemos de preguntarnos cuáles serán los instrumentos del futuro. Lo esencial ahora es definir cómo aseguraremos que Costa Rica contará con la infraestructura necesaria para enfrentar el reto del desarrollo, cómo regularemos la inevitable competencia en el sector, y cuáles serán los mecanismos que, en un régimen de apertura, debemos utilizar para que a todos los ciudadanos, en todos los rincones del país, se les garantice el acceso a un sistema moderno de telecomunicaciones. Esto es posible. Costa Rica no es única en su compromiso con los principios de solidaridad y acceso universal y, de hecho, los países con mayor cobertura y accesibilidad en el mundo -tanto en servicios de telefonía básica como de valor agregado- no tienen un monopolio. Así lo entiende, además, una aplastante mayoría de costarricenses que reiteradamente clamamos por la competencia en el sector. Llevamos años perdiendo el tiempo. El Cafta nos ha forzado a retomar el tema y nos impide seguir postergando una decisión que debió haber sido acordada hace mucho rato. Aprovechemos la oportunidad no solo para cumplir con las obligaciones convenidas, sino para heredarle al país, sin escapismos, un esquema que sí funcione para los próximos cincuenta años. |
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