OPINIÓN

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Acuerdo nacional en educación

El Consejo Superior de Educación (órgano que creó el constituyente de 1949 a nivel constitucional para dirigir la enseñanza oficial de nuestro país, artículo 81), adoptó el pasado 1 de agosto dos acuerdos importantes que aportan aires frescos y dan esperanza de que la educación puede seguir siendo una tarea prioritaria de los costarricenses.

Dicho consejo fue creado para garantizar continuidad en las políticas educativas que, por definición, son a largo plazo y para desterrar la perniciosa influencia politiquera y casuística que se venía apoderando de nuestro sistema educativo.

El primer acuerdo adoptado por el Consejo busca convocar a la sociedad costarricense a una consulta tendiente a definir un "acuerdo nacional sobre la educación" y concretar así una política educativa de Estado que creemos debe ser válida para un periodo mínimo de quince años. Es a este al que por competencia constitucional le corresponde asumir la tarea de lograr que todos los costarricenses definamos la educación que el país requiere para nuestro desarrollo, responsabilidad que parecía se estaba negando a cumplir.

Dicha consulta, que habrá de dirigir el Ministro de Educación como presidente del Consejo, debe ser planificada, ampliamente participativa, con visión de futuro y sin temor a discutir todos los temas que la tarea requiere y sin miedo a introducir los cambios necesarios.

Muchas de las deficiencias que el sistema educativo arrastra son conocidas, y en un gran número derivadas de la carencia de recursos (déficit de aulas y de material didáctico, centros educativos con varias jornadas, etc.); pero muchas otras requieren de coraje y determinación para dar un golpe de timón a la educación.

200 días de clases...

La meta de poder contar con un curso lectivo de 200 días le cuesta a los costarricenses miles de millones de colones anuales, y difícilmente se ha podido cumplir a la fecha; además, no se nota una mejoría tangible en la educación.

La ley de carrera docente que regula las relaciones entre el MEP y los educadores data de 1969; es una ley obsoleta que no permite el estímulo al educador excelente ni consolidar una adecuada cultura de rendición de cuentas en materia educativa.

La organización administrativa del Ministerio de Educación es un obstáculo para la adaptación del sistema a las nuevas necesidades educativas puesto que está anclada en una ley orgánica desfasada que data del año 1965.

Los padres de familia, o mejor dicho nuestros hogares, se han desligado totalmente de nuestros centros educativos y trasladado la responsabilidad educativa al Estado; esto debe revertirse.

Nuestro sistema educativo es excesivamente uniforme, lo que impide la diversidad y el estímulo a las potencialidades individuales de nuestros estudiantes; siendo la excepción los colegios científicos que, aún así, requieren una actualización.

Por ello aplaudimos el otro acuerdo del Consejo: impulsar un proyecto experimental en el Liceo de Costa Rica, consistente en que adopte el programa de bachillerato internacional. Este, además de tener niveles de exigencia superiores a los vigentes en la educación pública, permitirá innovar.

Asimismo, esperamos que será un ejemplo para que muchos otros colegios públicos se sumen a la corriente de mayor rigurosidad y exigencia académicas que tanto requiere el país.

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