ECONOMÍA

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La estrategia partió de grupos que estudiaron los problemas en varias entidades del Estado, explicó Rubén Hernández.

Legislación | Equipo de expresidente Arias afina propuesta

Proponen simplificar para desenredar el Estado

Rubén Hernández: Gaceta de 10 de mayo debería tener 500 páginas con decretos

Simplificar es la propuesta de los equipos de estudio del expresidente Óscar Arias, ante un Estado atrofiado y enredado en una maraña legal.

Esto implicaría desde eliminar presidencias ejecutivas, a tomar decisiones por decreto; de recortar funciones a la Contraloría y reformar las Juntas Directivas de entidades autónomas, a eliminar trámites y duplicidades.

En el marco del proyecto Tribuna Pública desarrollado por El Financiero, se consultó al movimiento del expresidente Arias, del Partido Liberación Nacional (PLN), sobre la propuesta para revitalizar el Estado.

Otras agrupaciones políticas afinan sus planes, pero en el arismo ya se implementa una estrategia.

El abogado constitucionalista Rubén Hernández explicó que ante un Estado entrabado, preparan propuestas para simplificar acciones.

Esto no implica gruesos expedientes para la Asamblea. "Se cree que todo se resuelve con leyes, cuando en muchos casos existen o se crean trámites innecesarios, que aumentan los problemas", dijo.

Por ello se afina una estrategia de tres etapas (véase recuadro: "Tres fases ...").

El poder del decreto

El constitucionalista explicó que luego de un trabajo de equipos en varias instituciones, concluyeron que gran parte de los problemas estatales se pueden resolver con pequeños cambios, mediante decretos.

"Las reformas legales se han vuelto complicadas, pero hay decisiones que se pueden tomar mediante cambios en los reglamentos, y eso solo requiere la decisión del Poder Ejecutivo", expresó.

A manera de ejemplo, citó que los permisos ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) podrían reducirse a solo cuatro casos. "Según lo que nos dicen expertos ambientalistas. Ahora se tiene que solicitar permiso hasta para una piscina, eso no tiene sentido", dijo.

Visualizan La Gaceta del 10 de mayo con unas 500 páginas, con los decretos que permitirían agilizar la gestión pública.

Además, se trabaja en un reglamento orgánico del Poder Ejecutivo, para sectorializar las instituciones bajo ministros rectores y dotar a Zapote de herramientas para impulsar políticas públicas.

La rectoría de las instituciones correspondería al ministro del sector respectivo. "Esto reduciría los centros de poder y reivindica la sectorialización y la función de los ministros", dijo.

Pero si es tan simple como esta decisión ¿Por qué no se ha recurrido a esta vía?

Hernández consideró que faltó voluntad política. "Creo que es la primera vez que se pretende tener desde el 10 de mayo el instrumento normativo para actuar", expresó.

La reforma necesaria

La segunda etapa consiste en la presentación de los cambios que requieren aprobación legislativa.

Citó la revisión de las Juntas Directivas de las instituciones estatales y la eliminación de las presidencias ejecutivas en las instituciones estatales con excepciones como el Banco Central, el ICE y la CCSS.

"Creo que al inicio no se realizarán nombramientos de presidentes ejecutivos, salvo en las instituciones más importantes, pero después se deben eliminar duplicidades", declaró.

Los cambios llegarían a las Juntas Directivas, que se limitarían a aprobar presupuestos y agotar la vía administrativa. "Las funciones legales que le corresponden", expresó.

También se planteará redimensionar la Autoridad Presupuestaria, y eliminar la inmovilidad laboral generada por el Régimen de Servicio Civil.

"La primera tuvo sentido en el gobierno de Rodrigo Carazo, ahora solo sirve para impedir que la administración contrate en forma eficiente. La segunda, debe cambiar el sistema de incentivos", explicó.

A estos proyectos se agregarán reformas a las leyes de Concesión de Obra Pública, a la ley de Contratación Administrativa y la de Presupuestos Públicos, para revisar la función de la Contraloría.

"El papel de la Contraloría está mal planteado; debe ser un control a posteriori, no a priori. Eso generó que la Contraloría coadministre", opinó.

Visión a futuro

Hernández indicó que la estrategia pretende "limpiar la cancha" en el primer año, con los decretos y reformas legales que permitan desentrabar la función pública.

A partir del segundo año se impulsaría otro conjunto de reformas, que requieren de un plazo mayor para ser implementadas o de reforma constitucional, por lo que no pueden concretarse a corto plazo.

En esta estrategia incluyen reformas a la elección de los diputados, creando un sistema mixto con legisladores nacionales y de distritos electorales.

"Hay que cambiar la asignación por provincias, crear distritos por afinidad", declaró.

En estas propuestas incluyen reformas al reglamento legislativo, incluyendo la posibilidad de que el Poder Ejecutivo presente iniciativas prioritarias para que se voten en un plazo que no exceda los 90 días.

Además hay propuestas para revisar temas financieros, como la aprobación de presupuestos públicos, la revisión de la caja única de Hacienda y los controles sobre instituciones descentralizadas.

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