EDITORIAL

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Apertura y fortalecimiento del ICE

El anexo 13 del Capítulo XIII del tratado de libre comercio entre EE. UU., Centroamérica y República Dominicana (Cafta) contiene la obligación para Costa Rica de abrir su mercado de telecomunicaciones de una manera gradual, selectiva y regulada. Este proceso de apertura, de conformidad con los términos del preámbulo de dicho anexo, será en estricta conformidad con los objetivos sociales de universalidad y solidaridad en el suministro de los servicios de telecomunicaciones. Además, allí queda claramente establecido que no se trata de la venta ni de la privatización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Por el contrario, se dispone la obligación de promulgar un nuevo marco jurídico para fortalecerlo, a más tardar el 31 de diciembre del 2004.

Esas disposiciones están contenidas en el Cafta desde que terminó la negociación -febrero del 2004-. Inexplicablemente, sin embargo, el país dejó pasar la fecha acordada sin haber aprobado la legislación pertinente y no fue hasta el martes de la semana anterior que el Poder Ejecutivo envió el proyecto de Fortalecimiento del ICE al Congreso, retomando, en mucho, lo discutido en la fallida comisión legislativa y para cumplir con uno de los requisitos que el mismo Gobierno se ideó como condición para remitir el Cafta a Cuesta de Moras. El propósito expreso de este proyecto es otorgarle al ICE las herramientas que esta institución necesita para poder competir apropiadamente en un marco de apertura y es, en ese contexto, que el proyecto debe evaluarse.

Cinco puntos del proyecto sobresalen: (a) Una junta directiva con representación de los sindicatos y de los empresarios; (b) autorización para endeudarse hasta cierto límite sin el control previo de otros órganos gubernamentales; (c) flexibilización de los procedimientos de contratación administrativa ; (d) otorgamiento de pleno derecho y por tiempo indefinido de las frecuencias para la explotación de los servicios, y (e) exoneración del pago del impuesto sobre la renta. Todos ellos merecen nuestra atención.

En cuanto al primer punto, debemos expresar nuestra oposición a una junta directiva conformada por representantes de gremios de cualquier naturaleza. Los entes públicos, en especial uno de giro empresarial, debe estar regido por criterios políticos (en el buen sentido de la palabra) y de orden técnico, tomando en cuenta exclusivamente el interés del país. La representación gremial, de uno u otro lado, es contraria a este cometido, sobre todo si los consumidores no son ni siquiera tomados en cuenta en ese órgano directivo.

En relación con la flexibilización para endeudarse y contratar, si bien vemos con simpatía esta posibilidad, es conveniente advertir la necesidad de hacerlo con cautela. Quiérase o no, el ICE seguirá siendo una institución estatal financiada con fondos públicos y, en consecuencia, deberá seguir estando sometida a medidas de control externo que eviten el abuso y los actos de corrupción en detrimento del interés general.

Respecto a los dos últimos aspectos, debemos señalar que estos privilegios contradicen la letra y el espíritu del Cafta. Ese acuerdo lo que pretende es que, en los tres sectores objeto de la apertura, se permita la competencia entre distintos proveedores de servicios, incluyendo al ICE, sobre una base no discriminatoria. De esta forma, si en el futuro el ICE requiere de nuevas frecuencias del espectro radioeléctrico, deberá someterse a los mismos procedimientos y cumplir los mismos requisitos que su competencia. Igualmente, el régimen tributario aplicable debería ser el mismo para todos los agentes del mercado.

La reforma del sector de telecomunicaciones debe verse de manera integral, teniendo en cuenta que el fortalecimiento del ICE es solo un elemento más en un mercado abierto y regulado, en donde los distintos proveedores deberán someterse a las mismas reglas y competir en un plano de igualdad bajo la supervisión de una autoridad reguladora independiente. No olvidemos que el propósito último de esta reforma es que los costarricenses tengamos acceso generalizado a telecomunicaciones de calidad mundial. No debemos enredarnos en el camino.

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