EDITORIAL

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Omisión de Recope

En nuestra edición anterior se incluye un informe relativo a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), que da cuenta de que los combustibles hoy son más caros porque Recope no consideró a tiempo recurrir a los mercados internacionales de derivados para protegerse de los aumentos de precios que se anticipaban, mediante la suscripción de opciones financieras. El empleo de este mecanismo de manera apropiada pudo haber representado de junio del año pasado a esta fecha ahorros para Recope de alrededor de US$427,5 millones y un precio al consumidor de la gasolina súper inferior en casi un 30% al precio actual.

Obviamente recurrir a los mercados de derivados no es simple; requiere de funcionarios capacitados en la materia y seguramente de la asesoría de expertos a nivel nacional e internacional. Pero tratándose de la institución pública que por ley tiene asignado el monopolio en la importación, refinación y distribución al por mayor de combustibles y que administra una factura de importación de cientos de millones de dólares al año, es difícil comprender cómo ese tipo de mecanismos no fueron considerados a profundidad. De hecho, según el informe en cuestión, es a raíz de la consulta de este semanario que el presidente ejecutivo de Recope, apenas el 29 de agosto pasado, remite una carta al presidente del Banco Central en la que le insta a formar una comisión para analizar estos esquemas.

Recope ha sido tema de debate público por los derechos exagerados y privilegios de que gozan sus empleados, en virtud de convenciones colectivas. Pues bien, omisiones como la aquí indicada en cuanto al posible uso de productos financieros derivados reflejan, además, ineptitud y falta de previsión en cuanto al ejercicio de una de las competencias esenciales de la institución. Esto nos debería hacer reflexionar una vez más sobre si tiene sentido para el país mantener el monopolio de Recope, cuando de todas maneras la influencia que puede ejercer esa institución en el precio del petróleo y sus derivados y en el acceso a ellos es mínima o inexistente. Nos preguntamos cuál es el valor agregado del monopolio de Recope para el país y cuál sería el resultado de un análisis costo-beneficio de ese monopolio; que sepamos, nunca se ha hecho.

En días pasados ha trascendido un nuevo escándalo en el sector público, esta vez por sobreprecios presuntamente pagados por el Instituto Nacional de Seguros a una reaseguradota extranjera, en relación con una póliza que cubre al Instituto Costarricense de Electricidad, con el fin de crear un fondo millonario que fue utilizado con propósitos oscuros, de los que ahora ninguna de las personas involucradas se acuerda. Una y otra vez, los hechos sugieren que estos monopolios estatales operan más en función de ocurrencias de sus jerarcas e intereses de sus sindicatos que en función del interés nacional.

Lo más preocupante es que la falta de agilidad, de eficacia y de transparencia que caracteriza a los entes públicos que prestan servicios en condición de monopolio, se encuentra de manera generalizada en el sector público. Los especialistas invitados a participar en el tema "De la parálisis estatal a la revitalización del sector público" del programa Tribuna Pública organizado por El Financiero, coincidían en que es impostergable una reforma estatal, porque el Estado costarricense ha perdido el norte; ha descuidado áreas esenciales como la seguridad, la salud y la educación; está atomizado, disperso y es ineficiente; ha relegado al ciudadano, razón de ser de los servicios públicos.

Al país le urge un liderazgo renovado, que supere los grandes vacíos que en esa materia nos legará la actual Administración y haga posible una discusión seria y avances reales en temas importantes, entre ellos la conveniencia de abrir a la competencia los monopolios estatales aún existentes. El tratado de libre comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (Cafta) prevé la apertura gradual de los mercados de telecomunicaciones y seguros, pero la discusión y las reformas deberían ir más allá. Recope es un claro ejemplo. Y no se trata de promover un neoliberalismo a ultranza o de eliminar la intervención estatal en la economía, como lo alegan quienes se oponen ciegamente a la apertura de los monopolios y al Cafta; se trata de utilizar el sentido común, de aprovechar las experiencias exitosas de otros países y aprender de sus errores, de lograr un balance entre libre competencia y regulación estatal, todo en beneficio del consumidor.

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